En la más reciente cumbre organizada por China, el término “nuevo multilateralismo” ocupó un lugar central. Más allá de ser una consigna diplomática, la noción refleja una estrategia deliberada de Pekín para reposicionarse como arquitecto de un orden internacional alternativo. Esta propuesta emerge en un contexto en el que la gobernanza global enfrenta cuestionamientos de legitimidad, instituciones como la ONU o la OMC muestran señales de desgaste, y el poder hegemónico de Estados Unidos experimenta tensiones internas y externas.
Esta nueva concepción del multilateralismo no busca únicamente revitalizar los marcos existentes, sino proponer un modelo basado en la redistribución de poder hacia países del Sur Global. En este sentido, la cumbre no solo proyecta la capacidad de Beijing para convocar, sino también su habilidad para enmarcar debates estratégicos en torno a la cooperación financiera, la seguridad energética, las cadenas de suministro y la inteligencia artificial. La narrativa se distancia de la lógica tradicional de alianzas lideradas por Occidente y sugiere un equilibrio de poder más diversificado, en el que bloques regionales y organismos no occidentales adquieren protagonismo.
La relevancia de este escenario es doble. Por un lado, simboliza el desplazamiento gradual del centro de gravedad económico hacia Asia. Por el otro, plantea un desafío al modelo liberal internacional que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial. Las propuestas chinas sobre financiamiento a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, o los mecanismos de cooperación en seguridad tecnológica, se insertan en una lógica de instituciones paralelas que disminuyen la dependencia de organismos dominados por Washington y Bruselas.
La reconfiguración del equilibrio de poder, sin embargo, no está exenta de tensiones. Para muchos países, aceptar el “nuevo multilateralismo” implica balancear su relación con China sin deteriorar sus vínculos con Estados Unidos y la Unión Europea. La diplomacia de Beijing ofrece acceso a inversiones e infraestructuras estratégicas, pero también exige adhesión política en temas sensibles como Taiwán, Hong Kong o el Mar del Sur de China. Esta dualidad obliga a los Estados a navegar con cautela entre las promesas de desarrollo y los riesgos de dependencia geoeconómica.
Las repercusiones para el mundo son profundas. En América Latina, por ejemplo, la consolidación de este nuevo orden multipolar abre la puerta a mayores oportunidades de diversificación comercial, pero también a dilemas de alineamiento estratégico. México, en particular, debe evaluar cómo capitalizar su integración con Norteamérica sin dejar de aprovechar las oportunidades que emergen de su relación con China. En Europa, la iniciativa desafía la cohesión interna, pues algunos Estados buscan profundizar sus lazos con Pekín mientras otros insisten en mantener una postura firme frente a prácticas comerciales y tecnológicas consideradas desleales.
En términos de gobernanza global, la propuesta china tensiona los equilibrios de representación y legitimidad. Si bien otorga voz a países históricamente marginados, también concentra el liderazgo en un Estado con un sistema político que no responde a estándares democráticos convencionales. El dilema se centra en si este nuevo multilateralismo logrará construir un orden más inclusivo o si se convertirá en un vehículo de influencia hegemónica bajo una fachada cooperativa.
El futuro de este debate dependerá de la capacidad de los Estados para redefinir el concepto de poder en un entorno interdependiente. El equilibrio ya no se medirá únicamente en términos militares o económicos, sino en la habilidad de forjar reglas comunes en áreas como la transición energética, la seguridad digital y la gestión de crisis sanitarias. La cumbre liderada por China deja claro que el multilateralismo del siglo XXI no será una simple extensión del pasado, sino un campo de disputa en el que se decidirá si la cooperación internacional se convierte en una herramienta de inclusión o en un instrumento de rivalidad estratégica.
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