El segundo mayor operador de telecomunicaciones móviles de México, AT&T, probablemente no participará en la próxima subasta de frecuencias del país utilizadas para proporcionar servicios de red, dijo a Reuters una fuente de la compañía, citando los altos costos.
El mercado de las telecomunicaciones en la segunda economía más grande de América Latina está dominado por el operador local Telcel, una unidad del gigante regional América Móvil, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim.
El espectro de México cuesta significativamente más que los promedios mundiales debido a su estructura de tarifas de uso anual, lo que perjudica a los actores extranjeros con menos clientes en el país, como AT&T, con sede en Dallas, y Telefónica de España, que opera Movistar.
Movistar en 2019 comenzó a devolver su espectro al estado y ahora opera a través de la red de AT&T.
“Con los costos actuales del espectro, es muy probable que esta subasta vuelva a quedar desierta, como ocurrió en la última subasta”, dijo una fuente de AT&T, añadiendo que también era muy poco probable que la propia AT&T estuviera interesada en participar.
La fuente afirmó que AT&T había planteado sus preocupaciones al gobierno mexicano, pero estas no fueron atendidas. Las secretarías de Economía y Finanzas de México no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Las tarifas también han causado fricción con Estados Unidos, cuya oficina comercial dijo en un informe sobre barreras comerciales a principios de este año que estaba presionando a México para que redujera los costos y abordara el dominio de Telcel.
México considera el espectro un recurso nacional y las tarifas de uso un importante contribuyente a las arcas estatales, pero las empresas dicen que los altos costos desalientan a los proveedores más pequeños a comprar espectro, lo que resulta en menores ingresos fiscales en general.
En una subasta de 2021, solo se vendieron tres de los 41 bloques de espectro, a AT&T y Telcel. El organismo de control del sector, el IFT, ahora disuelto, afirmó que las tarifas sofocaron la competencia y que los bloques devueltos al estado entre 2020 y 2023 costaron casi 700 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos.
El gobierno mexicano desmanteló el IFT el año pasado, lo que provocó la suspensión de lo que habría sido la primera subasta de bandas de frecuencia 5G en México. Un nuevo organismo estatal tiene la obligación legal de lanzar un plan para una nueva licitación antes de enero.
En el proyecto de presupuesto del país para el próximo año presentado esta semana, el gobierno dijo que mantendría su estructura actual de costos del espectro en 2026, aunque ofreció descuentos a los operadores que invirtieran en partes del país con servicios insuficientes.
Con información de Reuters.
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