Durante las últimas semanas, el debate sobre los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) ha resurgido con una predecible polarización. La discusión rumbo al presupuesto 2026 contempla mantenerlos e incrementarlos para refrescos y cigarros, pero en una omisión que ya parece tradición, deja fuera a las bebidas alcohólicas.
Esta decisión no solo es una oportunidad perdida para la salud pública, sino que ignora las recomendaciones directas de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como respuesta, organizaciones civiles como la Red de Acción por la Salud (RASA) han lanzado campañas urgentes bajo la pregunta correcta: “¿Quién paga los daños del alcohol?”, exigiendo una política fiscal coherente y sobre todo valiente.
Las voces que se oponen a estas medidas, a menudo ligadas a intereses industriales, han logrado instalar un marco de discusión que, aunque parece lógico, resulta ser una distracción del problema de fondo.
Una discusión estancada
Los argumentos en contra de los impuestos al alcohol se han repetido durante años, buscando generar una narrativa de ineficacia y perjuicio económico. Suelen centrarse en cuatro cuestionamientos principales:
- La efectividad: El argumento más común es que los impuestos “no funcionan”. Se pregunta, si el IEPS a los refrescos ha logrado disminuir por sí solo los alarmantes índices de obesidad. La crítica es válida si se espera que un solo instrumento resuelva una crisis multifactorial, pero es falaz al ignorar la evidencia internacional que demuestra que los impuestos, como parte de una estrategia integral, sí desincentivan el consumo, especialmente en los hogares de menores ingresos, e incentivan la reformulación de productos.
- El supuesto impacto económico: Se suele señalar las posibles afectaciones a la industria, desde el pequeño comerciante que depende de la venta de estos productos a la gran corporación. Aunado a ello se menciona el peligro de fomentar un mercado negro, sin regulación y con productos potencialmente adulterados y más dañinos. Si bien el riesgo es real, esta visión no solo omite los costos monumentales que, como veremos, estos mismos productos generan en la economía general, sino que parte de una premisa derrotista: asume el fracaso del Estado en su capacidad regulatoria ante el mercado negro.
- La opacidad en la política fiscal: Este es quizás el punto más sensible y legítimo. La promesa original fue que el dinero recaudado se destinaría íntegramente a fortalecer el sector salud. Sin embargo, la ciudadanía vive una realidad distinta: una crisis de atención crónica, falta de insumos y un desabasto de medicamentos que contradicen esa meta. Esta desconexión alimenta la desconfianza y la percepción de que es un impuesto meramente recaudatorio, desviado de su legítima aspiración.
- La falsa equidad social: Finalmente, se argumenta que estos son impuestos regresivos, que golpean con mayor fuerza el bolsillo de las personas de menores ingresos. Aunque es cierto que el impacto relativo es mayor en estas poblaciones, este argumento ignora cínicamente que son precisamente ellas las que más sufren las consecuencias devastadoras de las enfermedades crónicas, con menos acceso a salud de calidad y mayor pérdida de años de vida productiva. La verdadera regresividad es la enfermedad que provocan, no el impuesto que busca prevenirla. Por otro lado, se podría prever que los programas sociales tuvieran ciertos candados para la compra de cigarros y bebidas alcohólicas, y que se gestionaran beneficios adicionales en la compra de libros, alimentos, experiencias, etc.
Así, mientras el debate se estanca en una discusión secundaria sobre la eficacia, se ignora el principio fundamental: el costo millonario que el consumo de alcohol y tabaco heredan a la sociedad debe ser resarcido. La inacción es una forma de subsidio, caro y profundamente injusto. Por ello, es momento de cambiar la pregunta: el debate no es si el impuesto “funciona”, sino si es un impuesto justo.
Anatomía de un impuesto perverso
El espíritu de toda ley aspira a la justicia, pero una política fiscal mal diseñada puede ser perversa. Un ejemplo claro de incentivos perversos es la política fiscal alrededor de los “autos chocolate”. Una alta carga impositiva sobre autos nuevos, combinada con una laxa aplicación de la ley, crea un mercado masivo para el contrabando de vehículos que, tras ser regularizados periódicamente, terminan siendo un premio para la evasión. Se castiga al ciudadano y a la industria formal que cumplen con sus obligaciones y se beneficia la ilegalidad.
Otro ejemplo de una imposición injusta es el impuesto a la herencia. ¿Por qué un patrimonio, por el cual una persona ya pagó impuestos sobre su trabajo (ISR), consumo (IVA), y propiedad (predial, tenencia), debe ser sujeto a una nueva imposición al heredarlo? Suena absurdo, incluso perverso, que ni muerto se deje de pagar por el fruto del esfuerzo. El Estado parece decirnos: “Descanse en paz… pero después de pasar a la ventanilla, porque aquí morirse también cuesta”.
Frente a estos ejemplos de perversidad fiscal, el IEPS a productos nocivos opera bajo una lógica diametralmente opuesta y moralmente superior: la de la reparación del daño, y no la de la supuesta justicia social de Robin Hood, que busca quitarle a los tienen para darle a lo que no.
La factura oculta: visibilizando el daño real
A diferencia de un auto nuevo o un patrimonio heredado, productos como el alcohol imponen a la sociedad un costo externo que no está reflejado en su precio. No es una idea abstracta, sino un impacto brutal que frena la productividad y desangra las finanzas públicas. Cifras oficiales estiman que los costos asociados al consumo de alcohol ascienden al 2.1% del PIB, una cifra astronómica que se desglosa en:
- Pérdidas de productividad: La factura más grande. Cerca de 368 mil millones de pesos se pierden anualmente por ausentismo, presentismo (asistir al trabajo sin rendir) y muertes prematuras. Se estima que el alcoholismo puede dañar hasta el 30% de la productividad laboral y está directamente implicado en un porcentaje similar de los accidentes de trabajo, costando vidas y competitividad.
- Costos directos al sistema de salud: Más de 184 mil millones de pesos se destinan a atender las más de 200 enfermedades derivadas del consumo, desde cirrosis hepática y pancreatitis hasta múltiples tipos de cáncer, sin considerar cómo empeora el pronóstico de muchas otras afecciones. Este dinero podría usarse para medicinas, infraestructura o prevención.
- Accidentes y seguridad pública: Los accidentes automovilísticos, donde el alcohol es un protagonista trágico, representan costos por más de 150 mil millones de pesos anuales, sin contar el gasto en seguridad y justicia para atender la violencia doméstica, riñas y delitos asociados a su consumo.
- Costos ecológicos y ambientales: A la factura económica se suma un devastador costo ambiental no calculado. La producción de bebidas alcohólicas a escala industrial implica el acaparamiento de enormes fuentes hídricas, la contaminación de mantos acuíferos por procesos de destilación y el desgaste de vastas extensiones de tierras de siembra dedicadas a productos no alimenticios como la cebada o el agave, en detrimento de la soberanía alimentaria.
Ante la contundencia de estas cifras, la inacción del poder político resulta al menos llamativa y solo puede explicarse por dos fenómenos: la inercia burocrática y la captura del Estado. Las industrias productoras de alcohol ejercen una presión inmensa a través de cabildeos multimillonarios que paralizan cualquier intento de regulación efectiva. Argumentan proteger empleos y la economía, cuando en realidad protegen un modelo de negocio que externaliza sus costos más devastadores al sistema de salud pública y a la sociedad. No actuar no es una decisión neutral; es una elección política que prioriza las ganancias de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría, contrario a los discursos oficiales.
La solución técnica: hacia un impuesto inteligente
Frente a este panorama, la OMS no solo recomienda los impuestos, sino que ha delineado cómo hacerlos más efectivos. El debate técnico distingue dos modelos:
- Impuesto ad valorem: Es un porcentaje sobre el precio del producto. Este es el modelo que ha predominado en México y tiene una falla crítica: beneficia a las bebidas baratas y de baja calidad —las más consumidas en contextos de abuso y de precariedad social—, ya que su carga fiscal es menor. Es un diseño que protege las ganancias de quienes más daño generan.
- Impuesto específico (o ad quantum): Es una cuota fija basada en la cantidad de alcohol puro (gramos o mililitros) que contiene la bebida, sin importar su precio. Este modelo, recomendado internacionalmente, es más justo y efectivo. Asegura que las bebidas con mayor graduación alcohólica paguen más, independientemente de si son “baratas” o “premium”.
Visto desde esta perspectiva integral, el IEPS saludable se alinea con el principio más básico de justicia económica y ambiental: “quien contamina, paga”, aplicado a la salud pública. Es un instrumento de justicia financiera para que las industrias que se benefician de estos productos contribuyan a resarcir el enorme costo que su consumo impone al sistema de salud, a la productividad de las empresas y a la sociedad en su conjunto.
El verdadero debate, entonces, no es si estos impuestos deben existir. La evidencia es abrumadora. La discusión que debemos tener es si están diseñados inteligentemente —siguiendo el modelo de impuesto específico y utilizando los modelos econométricos que hoy permiten calcular con precisión las tasas necesarias para internalizar estos costos— y si son lo suficientemente altos para empezar, de una vez por todas, a reparar el inmenso daño que pagamos todos.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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