En un artículo publicado el 13 de julio, en The Wall Street Journal, bajo el título “Why We’re Dismantling the International Criminal Court”, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expone la postura de abierta confrontación del gobierno de Estados Unidos en contra de la Corte Penal Internacional (CPI).
Desde un enfoque de realismo político, Rubio se lanza contra la CPI con el argumento de que ésta carece de jurisdicción sobre ciudadanos de países no firmantes del Estatuto de Roma, por lo que la corte no puede ejercer jurisdicción sobre el pueblo estadounidense (léase funcionarios del gobierno incluyendo al presidente Donald Trump).
Sobre esto último, vale la pena recordar la reciente demanda por parte de tres juezas de la CPI en contra del presidente de Estados Unidos y su administración ante un tribunal federal de Manhattan. Ello, por sanciones que les fueron impuestas el año pasado, en represalia por la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y por la decisión de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
No sorprende la postura de Rubio. Desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, el presidente estadounidense desafía, una y otra vez, los acuerdos internacionales y los consensos sobre los que Occidente había basado la expectativa de paz entre las naciones, en las últimas décadas. Esta visión es descrita en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de 2025, en la que el presidente Trump pone en papel, su visión sobre “American First” como la guía que debe conducir la acción del Estados Unidos en el mundo.
Es relativamente sencillo echar abajo los argumentos de Rubio en contra de la CPI, si consideramos las investigaciones y decisiones tomadas por la Corte con respecto a Afganistán, la situación en Palestina o la orden de arresto contra Vladimir Putin. Sin embargo, lo importante aquí es el impacto de esta postura en la coyuntura actual.
Más que artículo de opinión, Rubio se coloca como portavoz de una estrategia gubernamental dirigida a desmantelar la capacidad operativa de la CPI a través de sanciones, restricciones migratorias y presiones sobre Estados aliados para que se retiren de la jurisdicción de la corte. Y esto, con el objetivo de debilitar posibles actuaciones de la CPI en el futuro, particularmente en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y las posibles denuncias relacionadas a bombardeos sobre objetivos protegidos y ataques contra población civil.
En medio de esta campaña en contra de organismos internacionales, destaca la decisión de la presidenta Claudia Sheinbuam de solicitar formalmente al Fiscal y al Departamento de Justicia de Estados Unidos que realice investigaciones por la violación de derechos humanos que han llevado a la muerte de 17 mexicanos en custodia o en redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
A través de las representaciones diplomáticas, el gobierno mexicano ha comenzado a interponer denuncias antes las fiscalías locales, junto con acciones de tipo civil en contra de las empresas que administran los centros de detención. Además, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dirigió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Volter Türk, para mantenerlo al tanto y solicitar su apoyo junto con el del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La estrategia de la presidenta Sheinbaum de recurrir a tribunales estadounidenses coloca a Washington en una posición interesante, por decir lo menos, pues apela a la solidez del sistema judicial norteamericano que tanto defiende el gobierno de Trump en su campaña en contra de la justicia internacional, y su chivo expiatorio, la CPI.
En suma, la decisión de la presidenta mexicana atiende el reclamo de justicia por la muerte de connacionales en manos del ICE, a la vez que presiona para que las instituciones estadounidenses de justicia -y que Trump reconoce como legítimas, se pronuncien sobre un tema que provoca indignación dentro y fuera de Estados Unidos.
Sobre la autora:
Palmira Tapia es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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