Este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a escuchar los argumentos sobre la legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump, en un caso con implicaciones para la economía global que representa una prueba crucial para los poderes del presidente republicano y la disposición de los magistrados a permitirle sobrepasar los límites de su autoridad.
Los argumentos se presentan en el marco de las apelaciones interpuestas por la administración Trump después de que tribunales inferiores dictaminaran que su uso sin precedentes de una ley federal de 1977, destinada a emergencias nacionales, para imponer los aranceles, excedió su autoridad. La demanda involucra tres litigios presentados por empresas afectadas por los aranceles y 12 estados de EU, la mayoría de ellos gobernados por demócratas.
Trump ejerció una fuerte presión sobre la Corte Suprema, que cuenta con una mayoría conservadora de 6-3, para que mantenga los aranceles que utilizó como una herramienta clave de política económica y exterior. Los aranceles —impuestos sobre bienes importados— podrían representar billones de dólares para Estados Unidos durante la próxima década.
Si los magistrados las anulan, “quedaríamos indefensos, lo que podría incluso llevar a la ruina de nuestra nación”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el domingo.
Subrayando la importancia del caso para el gobierno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, planea asistir en persona a la audiencia. Trump había mencionado su asistencia, pero finalmente decidió no hacerlo.
Si la Corte Suprema falla en contra de Trump, se espera que estos aranceles se mantengan, ya que el gobierno recurrirá a otras vías legales, declaró Bessent a Reuters.
Si bien la Corte Suprema suele tardar meses en emitir fallos tras escuchar los argumentos, el gobierno de Trump le pidió que actúe con celeridad en este caso.
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Ampliando límites del poder presidencial
Los magistrados analizarán las acciones de Trump al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. La ley permite al presidente regular el comercio en una emergencia nacional, pero no menciona específicamente la palabra “aranceles”.
Trump es el primer presidente en utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de esta manera, una de las muchas formas en que amplió agresivamente los límites de la autoridad ejecutiva desde su regreso al cargo en áreas tan diversas como su represión contra la inmigración, el despido de funcionarios de agencias federales y los despliegues militares dentro del país.
La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso, no al presidente, la autoridad para emitir impuestos y aranceles. El Departamento de Justicia de Trump ha argumentado que la IEEPA permite la imposición de aranceles al autorizar al presidente a “regular” las importaciones para abordar emergencias.
Los aranceles basados en la IEEPA generaron una recaudación estimada de 89,000 millones de dólares entre el 4 de febrero y el 23 de septiembre, fecha en que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos publicó los datos más recientes. Trump impuso algunos aranceles adicionales invocando otras leyes. Estos no son objeto de debate en este caso.
La Corte Suprema respaldó a Trump en una serie de decisiones emitidas este año con carácter de urgencia. Esto permitió que las políticas de Trump, bloqueadas por tribunales inferiores debido a dudas sobre su legalidad, continúen de forma provisional, lo que llevó a los críticos a advertir que los magistrados se niegan a controlar el poder del presidente.
El caso de los aranceles marca la primera vez que el tribunal escucha argumentos sobre los méritos legales de una de las políticas de Trump este año. En mayo, escuchó argumentos en un caso relacionado con el intento de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, pero se centró no en la legalidad de su política, sino en la autoridad de los jueces federales para bloquear acciones a nivel nacional.
Con información de Reuters
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