Cuando se decidió que el campeonato Mundial de Futbol 2026 se realizaría en Estados Unidos, Canadá y México, se establecieron criterios de respeto a los derechos humanos, a los de la afición, los trabajadores, periodistas y comunidades locales.
Esto tiene mucho sentido, porque la infraestructura que requiere un evento de estas magnitudes implica múltiples obras y la contratación de personal que debe contar con las condiciones y las retribuciones adecuadas.
Pero también porque se tiene que prevenir la discriminación, proteger a la infancia y combatir la trata de personas.
En esencia, el objetivo es hacer del Mundial un espacio de convivencia, un encuentro efectivo que vaya más allá de las 48 selecciones que participarán.
La FIFA tenía que hacer algo luego de los graves cuestionamientos que recibió por la realización del mundial en Qatar, siempre envuelto en polémicas, desde las denuncias por corrupción con las que se obtuvo la sede futbolística y más aún respecto al maltrato a los trabajadores.
Era un camino correcto, pero ahora todo pende un hilo, por las políticas de Donald Trump respecto a la población migrante y las amenazas, todavía latentes, de que se realicen redadas en las inmediaciones de los estadios.
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Human Rights Watch con Sport & Rights Alliance, han elevado el tono para exigir a la FIFA y a los comités anfitriones “que se restauren los mensajes contra la discriminación, se comprometan a garantizar protecciones efectivas contra el establecimiento de perfiles raciales, la detención arbitraria y la aplicación indebida de las normas de inmigración durante el torneo.”
Los mundiales suelen estar envueltos en tramas oscuras. Directivos del más alto nivel de la FIFA han estado sujetos a acusaciones de soborno, fraude y lavado de dinero.
En la FIFA saben, y lo saben bien, que el negocio del futbol es poderoso por el significado que tiene para 3 mil 500 millones de personas.
Quizá por ello los directivos suelen jugar con fuego y trabajan en líneas más que brumosas.
En lo que respecta a México, se desató una polémica por los compromisos que se hicieron, desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la FIFA. Un costo, quizá irremediable, en las disputas que conlleva la elección de las sedes.
De alguna forma se trata de contratos leoninos, donde las administraciones nacionales, pero sobre todo locales, asumen la carga de las obras que se tienen que realizar.
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La Secretaría de Hacienda explicó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum renegoció las condiciones y logró atenuar lo que se firmó en el pasado, pero aun así la FIFA es favorecida para no pagar impuestos y con otras facilidades de índole fiscal.
Lo que hay que preguntarse, en todo caso, es cómo se aprovechará la oportunidad de celebrar un mundial de futbol por tercera ocasión.
De no desplegar una estrategia adecuada, para promocionar al país y las ciudades sedes, entonces sí estaremos ante una inversión sin retorno. Pero no tienen que ser así, sobre todo desde el momento en que ruede de nuevo el balón, y restauremos, por maltrechos que estén, todos los sueños que acompañan a los aficionados del planeta, donde las selecciones futbolísticas juegan algo más que partidos, y más bien molden esperanzas, aunque venzan luego de 90 minutos.
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