Por Monica Duffy Toft, profesora de Política Internacional y Directora del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts.
Una imagen que circuló en los medios durante el fin de semana del 3 y 4 de enero pretendía transmitir dominio: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con los ojos vendados y esposado a bordo de un buque de la Marina de Estados Unidos. Poco después de la operación que capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ahora “gobernaría” Venezuela hasta que pudiera organizarse una “transición segura, adecuada y juiciosa”.
La medida de la administración Trump no es una anomalía; refleja una tendencia más amplia de la política exterior estadounidense que describí hace unos seis años como “Estados Unidos, el matón”.
Washington depende cada vez más de la coerción —militar, económica y política— no solo para disuadir a sus adversarios, sino para obligar al cumplimiento de países más débiles. Esto puede generar obediencia a corto plazo, pero resulta contraproducente como estrategia para construir poder duradero, que depende de la legitimidad y la capacidad. Cuando la coerción se aplica al gobierno, puede endurecer la resistencia, reducir las opciones diplomáticas y transformar fracasos políticos locales en disputas de orgullo nacional.
No hay discusión sobre que la dictadura de Maduro condujo al colapso catastrófico de Venezuela. Bajo su mandato, la economía venezolana implosionó, las instituciones democráticas fueron vaciadas, las redes criminales se fusionaron con el Estado y millones huyeron del país, muchos hacia Estados Unidos.
Pero remover a un líder —incluso a uno brutal e incompetente— no es lo mismo que avanzar hacia un orden político legítimo.
La fuerza no equivale a legitimidad
Al declarar su intención de gobernar Venezuela, Estados Unidos está creando una trampa de gobernanza de su propia hechura: una en la que la fuerza externa se trata erróneamente como sustituto de la legitimidad interna.
Escribo como académico especializado en seguridad internacional, guerras civiles y política exterior de Estados Unidos, y como autor de Dying by the Sword, que examina por qué los Estados recurren repetidamente a soluciones militares y por qué esas intervenciones rara vez producen una paz duradera.
El hallazgo central de esa investigación es directo: la fuerza puede derrocar gobernantes, pero no puede generar autoridad política.
Cuando la violencia y lo que he descrito en otros trabajos como “diplomacia cinética” se convierten en un sustituto de una acción de espectro completo —que incluye diplomacia, economía y lo que el fallecido politólogo Joseph Nye llamó “poder blando”—, tienden a profundizar la inestabilidad en lugar de resolverla.
Más fuerza, menos diplomacia
El episodio de Venezuela refleja este cambio más amplio en la forma en que Estados Unidos utiliza su poder. Mi coautora Sidita Kushi y yo lo documentamos mediante el análisis de datos detallados del nuevo Military Intervention Project. Mostramos que, desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha incrementado de manera marcada la frecuencia de las intervenciones militares, mientras que ha invertido sistemáticamente menos en diplomacia y otras herramientas de la acción estatal.
Un rasgo llamativo de las tendencias que encontramos es que, si durante la Guerra Fría (1945–1989) los estadounidenses tendían a justificar la intervención militar excesiva debido a la percepción de que la Unión Soviética representaba una amenaza existencial, lo esperable tras el colapso soviético en 1991 habría sido una reducción significativa de las intervenciones militares. Eso no ocurrió.
Aún más notable es que el perfil de las misiones ha cambiado. Intervenciones que antes apuntaban a la estabilización de corto plazo ahora se expanden de manera rutinaria hacia una gobernanza prolongada y la gestión de la seguridad, como ocurrió en Irak después de 2003 y en Afganistán después de 2001.
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Este patrón se ve reforzado por un desequilibrio institucional. En 2026, por cada dólar que Estados Unidos invierte en el “bisturí” diplomático del Departamento de Estado para prevenir conflictos, asigna 28 dólares al “martillo” militar del Departamento de Defensa, asegurando de hecho que la fuerza se convierta en el primer recurso y no en el último.
La “diplomacia cinética” —en el caso de Venezuela, el cambio de régimen por la fuerza— se vuelve la opción por defecto no porque sea más eficaz, sino porque es la única herramienta de gobierno disponible de inmediato. El 4 de enero, Trump dijo a la revista The Atlantic que si Delcy Rodríguez, la líder interina de Venezuela, “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.
Lecciones de Afganistán, Irak y Libia
Las consecuencias de este desequilibrio son visibles a lo largo del último cuarto de siglo.
En Afganistán, el intento encabezado por Estados Unidos de construir autoridad basada únicamente en la fuerza externa resultó frágil por su propia naturaleza. Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 para derrocar al régimen talibán, considerado responsable de los atentados del 11 de septiembre. Pero las dos décadas posteriores de construcción estatal respaldada por fuerzas extranjeras colapsaron casi de inmediato cuando las tropas estadounidenses se retiraron en 2021. Ninguna cantidad de gasto en reconstrucción pudo compensar la ausencia de un orden político basado en el consentimiento interno.
Tras la invasión de Estados Unidos y la rendición de las fuerzas armadas iraquíes en 2003, tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Defensa propusieron planes para la transición de Irak hacia una nación democrática y estable. El presidente George W. Bush dio luz verde al plan del Departamento de Defensa.
Ese plan, a diferencia del del Departamento de Estado, ignoró condiciones culturales, sociales e históricas clave. En su lugar, propuso un enfoque que asumía que una amenaza creíble de coerción, complementada por contratistas privados, sería suficiente para conducir a una transición rápida y eficaz hacia un Irak democrático. Estados Unidos terminó siendo responsable no solo de la seguridad, sino también de la electricidad, el agua, el empleo y la reconciliación política: tareas que ninguna potencia extranjera puede desempeñar sin convertirse, como ocurrió con Estados Unidos, en un objeto de resistencia.
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Libia mostró un modo distinto de fracaso. Allí, la intervención de una fuerza de la OTAN respaldada por Estados Unidos en 2011 y la eliminación del dictador Moammar Gaddafi y su régimen no fueron seguidas por ningún tipo de gobernanza. El resultado fue una guerra civil, fragmentación, dominio de milicias y una lucha prolongada por la soberanía y el desarrollo económico que continúa hasta hoy.
El hilo común en los tres casos es la arrogancia: la creencia de que la gestión estadounidense —ya fuera limitada u opresiva— podía sustituir a la legitimidad política.
La infraestructura de Venezuela ya está en ruinas. Si Estados Unidos asume la responsabilidad de gobernar, será culpado de cada apagón, de cada escasez de alimentos y de cada fracaso burocrático. El libertador se convertirá rápidamente en el ocupante.
Los costos de ‘gobernar’ un país
Asumir la gobernanza en Venezuela también implicaría costos estratégicos más amplios, incluso si esos costos no son la razón principal por la que la estrategia fracasaría.
Un ataque militar seguido de una administración extranjera es una combinación que socava los principios de soberanía y no intervención que sustentan el orden internacional que Estados Unidos dice apoyar. Complica la diplomacia con los aliados al obligarlos a reconciliar las acciones estadounidenses con las mismas reglas que intentan defender en otros lugares.
Históricamente, Estados Unidos ha sido más fuerte cuando ha anclado una esfera abierta basada en la colaboración con aliados, reglas compartidas y alineamientos voluntarios. Lanzar una operación militar y luego asumir la responsabilidad de gobernar desplaza a Washington hacia un modelo de poder cerrado y coercitivo, que depende de la fuerza para establecer autoridad y que resulta prohibitivamente costoso de sostener en el tiempo.
Estas señales no solo se leen en Berlín, Londres y París. También se observan de cerca en Taipéi, Tokio y Seúl, y con igual atención en Pekín y Moscú.
Cuando Estados Unidos ataca a un Estado soberano y luego reclama el derecho a administrarlo, debilita su capacidad para refutar los argumentos rivales de que la fuerza por sí sola, y no la legitimidad, determina la autoridad política.
A Pekín le basta con señalar el comportamiento estadounidense para sostener que las grandes potencias gobiernan como les place donde pueden, un argumento que puede justificar la toma de Taiwán. Moscú, del mismo modo, puede citar ese precedente para justificar el uso de la fuerza en su entorno cercano, y no solo en Ucrania.
Esto importa en la práctica, no solo en la teoría. Cuanto más normaliza Estados Unidos la gobernanza unilateral, más fácil resulta para sus rivales desestimar los llamados estadounidenses a la soberanía como selectivos y egoístas, y más difícil se vuelve para los aliados justificar sus vínculos con Estados Unidos.
Esa erosión de credibilidad no produce una ruptura dramática, pero reduce de forma constante el espacio para la cooperación con el tiempo y para el avance de los intereses y capacidades estadounidenses.
La fuerza es rápida. La legitimidad es lenta. Pero la legitimidad es la única moneda que compra una paz y una estabilidad duraderas, ambas intereses permanentes de Estados Unidos.
Si Washington gobierna Venezuela por la fuerza, repetirá los fracasos de Afganistán, Irak y Libia: el poder puede derrocar regímenes, pero no puede crear autoridad política. El gobierno externo invita a la resistencia, no a la estabilidad.
Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation
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