Ejecutivos petroleros y abogados de compañías petroleras internacionales están presionando a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para que se realicen cambios en la ley de hidrocarburos del país miembro de la OPEP que les otorguen el derecho de exportar libremente el petróleo que producen en Venezuela, dijeron fuentes involucradas en las conversaciones.
Mientras la administración del presidente estadounidense Donald Trump trabaja para convencer a las empresas energéticas de iniciar rápidamente labores en su plan de reconstrucción de 100,000 millones de dólares para la deteriorada industria petrolera venezolana, muchos inversionistas potenciales intentan encontrar la forma de hacerlo sin pasar años esperando reformas legales y contractuales que protejan sus inversiones.
Para poner el proceso en marcha, representantes de compañías petroleras internacionales buscan algunas modificaciones al marco legal vigente del sector que mantendrían a la estatal PDVSA como accionista mayoritario de todas las empresas mixtas, pero otorgarían a los socios extranjeros el control de su parte de la producción y acceso a los terminales petroleros y a la infraestructura de exportación de la compañía para facilitar los envíos.
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Esto representaría un cambio respecto a la ley actual, que establece que el petróleo producido debe estar bajo control de PDVSA.
La empresa estatal tiene derecho a vender el crudo y depositar los ingresos en cuentas de las empresas mixtas con las petroleras extranjeras para asegurar el flujo de caja destinado a gastos e inversiones en los campos, así como al pago de dividendos.
Sin embargo, ese sistema se volvió imposible de ejecutar bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana desde 2019, lo que provocó la acumulación de miles de millones de dólares en deudas de PDVSA con sus socios, entre ellos la petrolera estadounidense Chevron, la italiana ENI y la española Repsol.
Las compañías petroleras internacionales también buscan eliminar impuestos adicionales introducidos por el gobierno después de que la ley fue aprobada en 2021, conservando únicamente las regalías y el impuesto sobre la renta, señalaron las fuentes.
La reforma fiscal reduciría la participación del gobierno en el valor del petróleo producido. Bajo la legislación actual, la participación estatal se encuentra entre las más altas de América Latina, garantizando a Venezuela al menos el 50% del valor del crudo.
PDVSA y el Ministerio de Petróleo no respondieron a solicitudes de comentarios.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el jueves que estaba presentando ante el Congreso una propuesta del gobierno para reformar la ley de hidrocarburos del país con el fin de permitir que “los flujos de inversión se incorporen a nuevos campos, a campos donde nunca se ha invertido y a campos donde no existe infraestructura”.
La reforma propuesta aún no se ha hecho pública, pero Rodríguez señaló que el gobierno incorporará en la legislación una serie de contratos petroleros aprobados durante el mandato del presidente Nicolás Maduro. Dichos contratos nunca fueron divulgados.
Para muchas compañías petroleras, la legalidad de esos contratos no estaba clara, ya que sus términos no estaban contemplados en la ley de hidrocarburos. Los acuerdos se firmaron en medio de las sanciones estadounidenses, que prohibían la inversión en el sector petrolero venezolano, y se negociaron con un grupo de empresas poco conocidas y sin supervisión pública.
La oposición venezolana ha criticado durante más de una década la naturaleza opaca de estos contratos, así como a las empresas que continuaron haciendo negocios con el gobierno de Maduro bajo sanciones.
Con información de Reuters
