La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cambió las reglas para que las compras de productos textiles y dispositivos médicos tengan 65 por ciento contenido nacional, con lo cual se impulsa la industria, fortalece las cadenas productivas internas y promueve la prosperidad compartida del Plan México.
“Se establece una nueva metodología para medir el contenido nacional en los procedimientos de adquisición de bienes del Estado México, con ello se garantiza que los bienes adquiridos cumplan con un contenido nacional mínimo del 65 por ciento, asegurando que el beneficio de la contratación pública se refleje en la economía nacional”, informó la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez.
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Con la nueva estrategia se aprovechará el poder de compra del Estado mexicano para que sea una palanca que impulse el desarrollo de la industria nacional, fortalezca las cadenas productivas internas y promueva una prosperidad compartida en el marco del Plan México, señaló.
“El contenido nacional deja de ser un enunciado declarativo y se convierte, por primera vez, en una obligación real, verificable y exigible”, manifestó la entidad gubernamental de establecer las reglas de compra del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Para facilitar la correcta aplicación de la nueva metodología de cálculo y de las obligaciones de acreditación, las reformas para las contrataciones públicas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027.
Los cambios a las compras de gobierno fueron dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación, quien publicó el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas.
El acuerdo es resultado de un proceso de construcción participativo, que incluyó mesas de diálogo con industrias proveedoras del gobierno de México, como los sectores textil y dispositivos médicos, entre otros.
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“Este ejercicio permitió comprender las particularidades, retos y estructuras productivas de cada sector, y diseñar reglas realistas, evitando una regulación construida desde el escritorio y privilegiando un enfoque basado en evidencia”, comentó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Agregó que el Acuerdo tiene como finalidad transformar las compras públicas en un instrumento efectivo de política industrial, bajo reglas claras, verificables y orientadas al desarrollo nacional.
“El contenido nacional ahora se calculará con base en el costo neto de producción, y no en el precio de venta, con el propósito de incentivar la participación de fabricantes nacionales, incluyendo cooperativas y pequeñas empresas en las cadenas de proveeduría del Gobierno de México”, detalló.
Recordó que la medida permite que el poder de compra del Estado favorezca una mayor integración productiva nacional y fortalezca el desarrollo de capacidades industriales en el país.
Los proveedores adjudicados deberán presentar información y documentación para comprobar el porcentaje de contenido nacional manifestado en sus proposiciones, puntualizó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
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Se fortalecen los mecanismos de verificación del contenido nacional mediante acciones coordinadas entre la Unidad de Contrataciones Públicas y los Órganos Internos de Control, a fin de dar seguimiento puntual a los procedimientos de carácter nacional y evitar simulaciones en perjuicio de los fabricantes nacionales.
Asimismo, se incorporan mejores prácticas para la verificación, incluyendo la posibilidad de considerar el consumo de energía eléctrica y agua en las plantas industriales como medio para acreditar la producción de bienes en territorio nacional. Se sancionará a quienes obtengan contratos sin acreditar debidamente el porcentaje de contenido nacional.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciará un proceso de capacitación y acompañamiento dirigido tanto a proveedores como a servidoras y servidores públicos, con el objetivo de asegurar una implementación adecuada y transparente de las nuevas reglas.
“El fortalecimiento de la industria nacional se logrará sin sacrificar, en ningún momento, la eficiencia del gasto público ni las mejores condiciones de contratación para el Estado”, concluyó.
