México está entrando en una nueva etapa de fiscalización del mercado gasolinero. En los últimos días se generó polémica porque las autoridades regulatorias aplicaron clausuras temporales, verificaciones y operativos de gasolineras en distintas regiones del país.
Hubo quienes comenzaron a hablar de posibles problemas de suministro o incluso de desabasto y que las clausuras eran una forma de disfrazar ese problema y reorganizar el abasto en lo que se normalizaba. Sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) rechazaron esa versión, dijeron que el abasto está garantizado y que las acciones emprendidas tienen el objetivo de poner orden en el mercado de los combustibles automotrices.
La realidad es que nadie puede estar en contra de que se revise a quienes venden litros incompletos, operan sin cumplir con requisitos regulatorios o participan en esquemas relacionados con el comercio irregular de combustibles. El combate al huachicol es un problema que no han podido frenar y que no sólo merma las, de por sí, deterioradas finanzas públicas sino que también pone en riesgo a los consumidores.
El desafío está en otro lado. La pregunta no es si debe haber supervisión, sino cómo lograr que ésta sea efectiva sin generar incertidumbre para quienes sí cumplen con las reglas. Porque una cosa es combatir irregularidades y otra muy distinta crear obstáculos innecesarios para empresas que operan de manera legal y que también generan empleos e inversión.
Te recomendamos: Soberanía energética en pausa
Durante años la narrativa en el sector energético giró principalmente alrededor de Pemex, la autosuficiencia y las grandes obras de infraestructura, ahora la atención también está puesta en vigilar con mayor rigor lo que sucede en la última parte de la cadena: donde el combustible llega finalmente al consumidor.
Las autoridades señalan que los expendedores de combustibles registran algunas deficiencias por falta de permisos o documentación ambiental vigente, incumplimientos en materia de impacto ambiental, negativa a recibir verificaciones, irregularidades en bombas despachadoras, venta de litros incompletos y posibles inconsistencias en la trazabilidad del combustible
En el fondo, la apuesta es sencilla: un mercado más ordenado, más transparente y con menos espacio para la ilegalidad. Nadie debería oponerse a eso. Lo importante será que la fiscalización se aplique con criterios técnicos, reglas claras y piso parejo para todos porque se debe garantizar el suministro de combustibles, pero también la confianza en quienes lo venden.
Observar un negocio establecido clausurado significa las autoridades regulatorias están haciendo su trabajo de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normatividad, pero cuando se observan comercios en la vía pública e ilegales que operan con impunidad y, en ocasiones, hasta complacencia y colusión con las autoridades, en lo único que se puede pensar es que sigue siendo una falacia el combate a la corrupción.
Sobre la autora:
Correo: [email protected]
Twitter: @earzate2003
Facebook: Esther Arzate
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias
