Empresarios de Nuevo León rechazaron la iniciativa para ampliar de 30 a 180 días el periodo para que el gobernador del estado, Samuel García, se separe de su cargo con un aviso al Congreso y sin solicitar licencia, porque perjudica la gobernabilidad y afecta la atracción de inversión para la industria, según la Caintra, Coparmex, Index, Canaco, Canadevi y Caprobi.
“Consideramos que una separación de hasta seis meses resulta excesiva e innecesaria, particularmente cuando la legislación vigente ya contempla mecanismos institucionales para atender separaciones prolongadas del cargo mediante la intervención del Poder Legislativo”, advirtieron.
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El Congreso de Nuevo León discutirá la ampliación del periodo en el que el gobernador se separe de su cargo mediante aviso al Congreso y sin solicitar licencia.
“Nos preocupa que estas modificaciones, al no estar fundamentadas en evidencia técnica y referencias nacionales o internacionales, respondan a intereses partidistas rumbo al proceso electoral 2026-2027 en nuestro estado”, declararon las entidades empresariales.
Agregaron que la posibilidad de que las obligaciones y responsabilidades del Ejecutivo sean ejercidas durante periodos prolongados por una persona no electa por la ciudadanía genera incertidumbre.
“La iniciativa no acredita la necesidad de ampliar el plazo que actualmente contempla nuestra Constitución, por lo que pone en riesgo la atracción de inversiones y el desarrollo económico de Nuevo León”, expresaron.
El sector privado pidió a los 42 diputados del Congreso de Nuevo León fortalecer la capacidad de gestión del estado, y promover una mayor vinculación nacional e internacional para atraer inversión, generar empleo y elevar la competitividad.
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“Estos objetivos deben alcanzarse sin comprometer los principios de gobernabilidad, certeza jurídica, rendición de cuentas y equilibrio de poderes que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestra entidad”, dijeron.
Indicaron que Nuevo León se ha consolidado como uno de los principales polos de inversión del país, y que las reglas permiten a Samuel García realizar actividades de promoción y representación sin afectar la estabilidad institucional.
“Reconocemos la importancia que tiene el proceso electoral para la vida pública y estamos convencidos de que cualquier modificación debe procurar fortalecer a las instituciones, preservar la pluralidad política y de ideas, y garantizar la certeza jurídica para todas y todos los actores involucrados”, comentaron.
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“Una reforma electoral exige un análisis técnico riguroso, debate público abierto y la participación de especialistas independientes; no puede ni debe realizarse de manera acelerada”, declararon.
“Las decisiones apresuradas, sin evidencia técnica y sin espacios de deliberación accesibles a la sociedad, ponen en riesgo la calidad de las soluciones y la confianza ciudadana en los procesos electorales de Nuevo León”, añadieron.
