Jorge Santos Reyna, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, pidió a las autoridades combatir el delito de extorsión municipal y estatal, ya que afecta la operación de las compañías instaladas en la zona metropolitana de Monterrey.
“Persisten desafíos que requieren atención prioritaria: Uno de ellos es la extorsión a nivel estatal y municipal, una preocupación creciente que afecta la operación cotidiana de las empresas”, manifestó el industrial.
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Según el empresario, 54 por ciento de las empresas con operaciones en Nuevo León reportan que fueron víctimas de extorsión al transportar mercancías.
En 9 de cada 10 empresas víctimas de esa extorsión reportan que “fueron casos que involucran a autoridades municipales”, expresó el industrial en la 82 Asamblea Anual Ordinaria de CAINTRA, evento en el que participaron la presidenta a Claudia Sheibaum y el gobernador Samuel García.
El dirigente empresarial recordó que la seguridad y el Estado de Derecho son la base de todo desarrollo económico.
“Cuando las instituciones trabajan alineadas y la ley se aplica con consistencia, se genera certidumbre, se fortalece la confianza y se acelera la inversión productiva”, apuntó.
“Confiamos en que, trabajando de manera coordinada, podremos robustecer acciones para combatir este delito de extorsión y consolidar un entorno de confianza que impulse el crecimiento y el bienestar de todos”, afirmó.
A principios de marzo, Roberto Cantú Alanis, presidente de la Coparmex Nuevo León, denunció la creciente problemática de extorsiones y prácticas indebidas que afectan a las empresas, señalando a autoridades o personas que se identifican como tales.
“Aprovecho para externar nuestra profunda preocupación por un fenómeno que afecta la operación cotidiana de los socios: la extorsión en sus diferentes modalidades”, expresó.
La semana pasada, Jaime Herrera, presidente de la Canaco Monterrey, advirtió que han detectado un incremento del número de extorsiones en contra del pequeño comercio durante 2026.
“Nos viene preocupando la creciente queja de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno que se valen del costo de poder que les da la capacidad de retener algún permiso, algún trámite, algún pago, o bien la imposición de alguna multa, incluso llegar a cerrar el propio negocio para conseguir un beneficio personal”, concluyó el líder del pequeño comercio.
