Un nuevo borrador de la ley sobre criptomonedas, aprobado por Trump y conocido como la Ley de Claridad, prohibiría temporalmente a los funcionarios o empleados públicos emitir o patrocinar criptomonedas hasta 2029; sin embargo, el nuevo proyecto de ley aún enfrenta una fuerte oposición por parte de los demócratas.
Datos clave
Un nuevo borrador de la Ley de Claridad, de más de 600 páginas, obtenido por varios medios de comunicación , impondría nuevas normas éticas a los funcionarios públicos en relación con las criptomonedas; en particular, prohibiría a los funcionarios, así como a sus cónyuges o empleados, emitir o patrocinar cualquier “activo digital” mientras desempeñen su cargo.
El proyecto de ley también prohibiría a las empresas cotizar activos digitales emitidos o patrocinados por funcionarios públicos, y exigiría a los políticos que depositaran sus criptoactivos anteriores en un fideicomiso ciego o que se deshicieran de ellos durante su mandato.
Esta disposición legal podría impedir que el presidente Donald Trump siga obteniendo beneficios de sus negocios de criptomonedas, que le reportaron unos 1,400 millones de dólares el año pasado.
La Casa Blanca ya había indicado que Trump firmaría un proyecto de ley con la cláusula ética redactada por los republicanos, calificándola en un comunicado a CoinBase como “la cláusula ética más completa y de mayor alcance de la historia”.
Sin embargo, el proyecto de ley también encomendaría al fiscal general la tarea de hacer cumplir las normas éticas e impediría que los fiscales generales estatales las hicieran cumplir, y los demócratas del Congreso han indicado que no apoyarían transferir la responsabilidad de la aplicación de la ley al actual Departamento de Justicia.
La disposición sobre ética también está programada para expirar en 2029, eliminando las restricciones en menos de tres años.
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Cita crucial
La senadora Angela Alsobrooks, demócrata por Maryland, una de las demócratas que votó a favor de que el proyecto de ley avanzara en el comité a principios de este año, declaró a la prensa que no apoyaría la versión actual. En una conferencia de Semafor el miércoles, Alsobrooks afirmó que delegar la aplicación de la ley al Departamento de Justicia era una idea descabellada, irresponsable y completamente absurda, y añadió: «Es innegable que no podemos confiar plenamente en el Departamento de Justicia, dada su incapacidad y falta de voluntad para hacer cumplir la ley». En su lugar, Alsobrooks sugirió otorgar facultades a los fiscales generales estatales para que se encarguen de hacer cumplir las normas.
Qué observar
El Senado dispone de tan solo unos días para votar la Ley de Claridad antes de que el Congreso entre en receso en agosto. Hasta el momento, ningún demócrata se ha manifestado públicamente a favor del proyecto de ley, lo que hace improbable que alcance los 60 votos necesarios para su aprobación.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US
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