El gobierno de Estados Unidos sostiene que los nuevos gravámenes anunciados este jueves responden a que las economías afectadas no han aprobado o aplicado de forma eficaz leyes que prohíban la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso, lo que, según Washington, coloca en desventaja a las empresas estadounidenses que sí cumplen con esas normas.
Sin embargo, críticos, entre ellos senadores demócratas, consideran que este argumento puede servir como una vía para recuperar los aranceles globales que los tribunales han bloqueado.
La controversia se debe, entre otros factores, a que algunos de los países afectados ya cuentan con restricciones contra las importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Canadá, por ejemplo, prohíbe la entrada de esos productos, mientras que la Unión Europea tiene prevista una prohibición que entrará en vigor en 2027.
Estados Unidos, que mantiene desde hace casi un siglo restricciones a los bienes producidos mediante trabajo forzoso, tampoco está exento de críticas: organizaciones laborales cuestionan que su legislación permita determinadas formas de trabajo penitenciario que consideran coercitivas.
“Trump ha probado ser un innovador en el arte del uso de la política económica, desplegando aranceles, control a la exportaciones y otras herramientas del control de política industrial de una manera novedosa y, en ocasiones, ilícita”, dijo recientemente Peter Harrell, investigador de la Facultad de Derecho de Georgetown.
La medida anunciada hoy por el representante comercial Jamieson Greer supone así un nuevo intento del presidente Donald Trump por mantener una política arancelaria que ha atravesado distintos instrumentos legales desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.
Tras los aranceles contra México, Canadá y China, los gravámenes al acero, el aluminio y los automóviles y la posterior ofensiva global, los tribunales han obligado a la administración Trump a cambiar de vía, pero no han conseguido frenar su apuesta por utilizar los aranceles como una de sus principales herramientas de política comercial.
Trump optó este jueves por una nueva vía para mantener su ofensiva arancelaria después de que los tribunales frenaran parte de sus anteriores medidas, con un nuevo paquete de gravámenes contra más de 60 países que, según Washington, no cuentan con leyes eficaces para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Greer, dejó claro esta semana ante el Congreso que el cambio de base legal no supone un giro en la política comercial de Trump.
“Las autoridades específicas que utiliza esta administración han cambiado, pero la estrategia comercial no”, afirmó, al defender la intención del gobierno de seguir utilizando los aranceles y las negociaciones comerciales como herramientas para impulsar la reindustrialización del país, proteger a los trabajadores y reducir el déficit comercial.
Los nuevos aranceles no se aplicarán a todos los productos, debido a que quedan fuera el petróleo y el gas, determinados recursos nacionales, los bienes cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y productos que ya están sujetos a aranceles impuestos por motivos de seguridad nacional, como automóviles y acero.
La medida contempla además excepciones para determinados bienes cuya imposición pueda generar problemas de suministro o disrupciones económicas.
De acuerdo con medios especializados, Estados Unidos mantiene abierta otra investigación bajo la Sección 301 contra 15 países y la Unión Europea por lo que considera prácticas comerciales desleales en sus sectores manufactureros, una revisión que podría desembocar en nuevos aranceles en las próximas semanas y ampliar todavía más el alcance de la política proteccionista de Trump.
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Con información de EFE
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