El presidente de México, Enrique Peña Nieto, vetó la propuesta conocida como Ley 3de 3, informó Presidencia en su cuenta de Twitter.
El Presidente @EPN hace efectiva la Facultad de #Veto y devolverá al Senado, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
— Presidencia México (@PresidenciaMX) 24 de junio de 2016
El artículo 29 de la ley establece que los funcionarios deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales e intereses en versiones públicas, con protección de su información personal y privados en los esquemas determinados por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por su parte, el artículo 32 señala que cualquier persona física o moral que reciba y ejerza dinero público deberá presentar ambas declaraciones, además de las personas físicas que presten servicios o reciban recursos de las personas morales que ejerzan o reciban recursos públicos.
La ley distribuiría competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran.
Hace una semana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó que las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas presenten una deflación patrimonial, debido a que es una medida excesiva e inadecuada para prevenir y sancionar la corrupción de los funcionaros.
“La inclusión a última hora en el Senado de una disposición por la cual las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscales, patrimonial y de intereses resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”, advirtió el organismo en un comunicado.
La redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3de3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges. Es decir, una gran parte de los mexicanos.
Sólo en Compranet existen más de 100,000 empresas registradas. Según el órgano cúpula, esa medida adoptada por los legisladores lejos de contribuir a la transparencia generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.
