La propuesta de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB), que promete simplificar procesos y digitalizar hasta el 80% de los trámites gubernamentales, podría afectar la transparencia y la calidad regulatoria, comprometiendo la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas, según la organización México Evalúa y la Coparmex.
“Si bien ambas organizaciones reconocen el esfuerzo del gobierno por simplificar procesos administrativos, advierten que, si no se mejora su diseño, la iniciativa podría comprometer la transparencia, la calidad regulatoria y la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas”, expusieron en un comunicado conjunto.
Apuntaron que en 2023 las MiPymes invirtieron en promedio 500 horas anuales en trámites, de los cuales solo el 16.2% fueron digitales.
Señalaron que la propuesta de ley, cuya votación está prevista en periodo extraordinario y sin parlamento abierto, plantea reducir a la mitad los tiempos de gestión y digitalizar el 80% de los trámites mediante la identidad digital única “Llave Mx”.
Agregaron que la iniciativa también plantea eliminar duplicidades, homologar procesos, brindar un expediente a cada ciudadano y otorgar validez legal a los documentos digitales.
Sin embargo, expertos en mejora regulatoria y digitalización alertan que, sin rediseñar primero los trámites existentes, la digitalización podría perpetuar procesos ineficientes o incluso perjudiciales.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, quien colaboró en el proceso de digitalización del SAT, compartió el principal aprendizaje de esa experiencia: “No puedes digitalizar encima de procesos o de trámites que no están bien establecidos, que son redundantes o que tienen vicios”.
El comunicado destacó que una de las principales preocupaciones es que la propuesta contempla demasiadas excepciones a la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio, un mecanismo clave para evaluar la pertinencia de nuevas normas.
“Incluso en temas sensibles como expropiaciones, fiscalidad o seguridad, de manera que en la práctica es como si se le eliminara”, afirmó.
Las organizaciones cuestionaron la eliminación de consejos locales, la concentración de funciones en una sola dependencia federal y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.
En temas de inclusión, el proyecto no considera adecuadamente el rezago digital de municipios ni los riesgos de exclusión de grupos vulnerables.
A ello se suma la falta de garantías legales en materia de ciberseguridad, pese a que México concentra el 55% de los ciberataques en América Latina, según Sissi de la Peña, de la Academia Mexicana de Ciberseguridad.
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Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex., recordó que “150 mil regulaciones a nivel nacional y más de 300 mil trámites en los tres niveles de gobierno, es un reto enorme; la mejor forma de implementar un proceso de simplificación es hacerlo de la mano con el usuario”.
Entre las recomendaciones planteadas por México Evalúa y Coparmex están: rediseñar trámites antes de digitalizarlos, invertir en infraestructura y alfabetización digital, limitar excepciones al Análisis de Impacto Regulatorio y garantizar la participación ciudadana en el diseño de normas.
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