Teresa Guerra Ochoa, una de las principales aliadas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado por EU de nexos con el narcotráfico, busca ser la abanderada de Morena rumbo a la gubernatura del estado el próximo año.
La ahora presidenta con licencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa con licencia ha sido la principal operadora del político morenista señalado por la administración de Trump en el legislativo sinaloense, misma que ya se inscribió para contender con otros 12 aspirantes que buscan la candidatura oficialista en dicho estado.
Teresa Guerra junto con legisladores morenistas le dio el visto bueno a las cuentas públicas revisadas por el Congreso local entregadas por el gobierno de Rocha Moya, a pesar de las irregularidades denunciadas y que ahora son señaladas desde la Fiscalía de los Estados Unidos.
En su paso por la Legislatura del Estado, según una investigación de la plataforma XPECTRO FM, asignó dos contratos por 62.5 millones de pesos para la construcción de las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, mediante licitaciones cuestionadas, sobrecostos por más de seis millones de pesos y una obra pública que acabó siendo observada por la Auditoría Superior, replicando los pasos de Rocha Moya
La investigación del medio sobre el esquema de contratación pública que se documentó en “La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya”, actualmente buscado por las autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, no se limitó al Poder Ejecutivo, sino que alcanzó al Poder Legislativo de Sinaloa.
La revisión de los expedientes oficiales reveló que el mismo patrón de competencia simulada, modificaciones contractuales y deficiente planeación se llevó a cabo en la Legislatura, cuya presidenta era Guerra Ochoa, quien hoy busca la candidatura de Morena a la gubernatura, de acuerdo con la investigación.
También, a su paso por la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, María Teresa fue criticada por permitir presuntos actos de nepotismo al presentarse sustituciones en curules por personas con relaciones familiares directas, situación que culpó a su partido, Morena.
De acuerdo con documentos oficiales, el esquema de simulación de licitaciones también incluyó al Congreso del Estado de Sinaloa, con dos obras para el mismo fin, asignándolas a diversas empresas y con evidentes anomalías durante las licitaciones.
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