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    Por Víctor Hugo Arteaga*

    El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, junto con su equipo de comunicación se equivocan en el manejo de la publicación que el periodista estadounidense Steve Fischer dio a conocer sobre la revocación de su visa por parte de ese país.

    La defensa más sólida de la publicación de Steve Fisher no pasa por afirmar que el reportaje es verdadero, sino por defender que es una investigación periodística legítima que merece ser contrastada con pruebas, no descalificada únicamente con declaraciones políticas.

    Vamos a estructurar los cinco argumentos para que se entienda más claramente.

    La carga de la prueba no recae únicamente en el periodista.

    Durazo ha respondido que el reportaje es “una nota sin fuentes” y que no tiene obligación de mostrar su visa. Sin embargo, la discusión pública no es jurídica sino política.

    Cuando existe una acusación de alto impacto sobre un funcionario, la forma más rápida de desmontarla suele ser exhibir la evidencia que la contradice.

    Nadie puede obligar al gobernador a mostrar su visa, pero tampoco nadie puede impedir que la opinión pública se pregunte por qué no la muestra si eso terminaría la controversia en cinco minutos.

    Los Angeles Times tiene reputación que proteger.

    No se trata de un portal anónimo ni de una cuenta de redes sociales. El reportaje fue publicado por el periódico Los Angeles Times, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, y el propio Fisher ha reiterado públicamente que sostiene su información pese a los desmentidos de Sonora y Tamaulipas.

    Un medio puede equivocarse, pero cuando mantiene una investigación después de los desmentidos oficiales es porque considera que sus fuentes son suficientemente sólidas para sostenerla.

    Fisher no se retractó; reafirmó su investigación.

    En entrevistas realizadas este miércoles, Fisher declaró que mantiene íntegramente lo publicado y aseguró contar con fuentes que sostienen que las visas fueron canceladas y que existirían permisos especiales de ingreso a Estados Unidos.

    La pregunta periodística válida sería si la información es totalmente falsa, ¿por qué el periodista sigue sosteniéndola públicamente sabiendo el riesgo legal y profesional que implica?

    El contexto vuelve la historia relevante.

    La nota no aparece en el vacío. Desde 2025 han existido diversos casos de políticos mexicanos que reconocieron públicamente la revocación de sus visas estadounidenses, incluyendo gobernadores, alcaldes y exgobernadores.

    Además, diversos medios han documentado que Washington ha utilizado la cancelación de visas como mecanismo de presión en investigaciones relacionadas con corrupción y crimen organizado.

    Por ello, el tema ya no parece una hipótesis aislada.

    El debate real es la transparencia.

    No se está diciendo que Durazo sea culpable de nada. Lo que se dice es que, frente a una acusación internacional de este tamaño, la transparencia ayuda más que la indignación.

    El problema no es que no quiera enseñar la visa; el problema es que al negarse deja abierta una duda que pudo cerrar de inmediato.

    Si mañana Los Angeles Times rectificara, el gobernador tendría razón. Pero mientras el periódico sostiene la investigación y el gobernador se niega a exhibir la prueba más sencilla para desmentirla, ¿por qué la ciudadanía debería aceptar únicamente la versión oficial?

    Ese enfoque permite defender la legitimidad de la investigación sin afirmar como hecho algo que hasta ahora sigue siendo una denuncia periodística basada en fuentes confidenciales y no una determinación oficial del gobierno de Estados Unidos.

    Sobre el autor:

    *Víctor Hugo Arteaga es ganador del Premio Nacional de Periodismo 2016 por el reportaje de investigación Las Empresas Fantasma de Javier Duarte, el exgobernador que se encuentra preso gracias a ese trabajo.

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