El allanamiento por parte del FBI del domicilio de una reportera de The Washington Post el 14 de enero de 2026 fue una medida poco común e intimidatoria por parte de una administración centrada en reprimir la crítica y la disidencia.
En su cobertura sobre el registro en la casa de Hannah Natanson, en el que agentes del FBI dijeron que buscaban materiales relacionados con un contratista del gobierno federal, el periodista del Washington Post Perry Stein escribió que “es altamente inusual y agresivo que las fuerzas del orden realicen un allanamiento en el hogar de una reportera”.
Por su parte, Jameel Jaffer, director del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, dijo a The New York Times que el operativo era “profundamente preocupante” y que podría tener un efecto disuasorio “sobre la actividad periodística legítima”.
La libertad de expresión y los medios independientes desempeñan un papel vital para exigir rendición de cuentas a los gobiernos, al informar al público sobre irregularidades gubernamentales.
Precisamente por eso autócratas como el ruso Vladimir Putin han trabajado para silenciar a los medios independientes, eliminando los controles a su poder y prolongando su permanencia en el gobierno. En Rusia, por ejemplo, la ignorancia pública sobre la responsabilidad de Putin en los fracasos militares en la guerra de Ucrania ha permitido que la propaganda estatal desvíe la culpa hacia altos mandos militares.
Aunque Estados Unidos sigue estando institucionalmente muy lejos de países como Rusia, la administración Trump ha dado pasos tempranos preocupantes hacia la autocracia al amenazar —y en algunos casos aplicar— restricciones a la libertad de expresión y a los medios independientes.
Ignorancia pública, libertad de expresión y medios independientes
La ignorancia sobre lo que hacen los funcionarios públicos existe en todos los sistemas políticos.
En las democracias, los ciudadanos suelen permanecer desinformados porque informarse sobre política requiere tiempo y esfuerzo, mientras que un solo voto rara vez cambia una elección. El economista estadounidense Anthony Downs llamó a esto “ignorancia racional”, fenómeno que se agrava por leyes complejas y una burocracia que pocas personas comprenden plenamente.
Como resultado, los votantes a menudo carecen de la información necesaria para vigilar a los políticos o exigirles responsabilidades, lo que da a los funcionarios mayor margen para actuar en su propio beneficio.
La libertad de expresión y los medios independientes son esenciales para romper este ciclo. Permiten a ciudadanos, periodistas y líderes de la oposición denunciar la corrupción y criticar a quienes están en el poder.
El debate abierto ayuda a las personas a compartir quejas y a organizar acciones colectivas, desde protestas hasta campañas políticas.
Los medios independientes también actúan como vigilantes, investigando abusos y elevando el costo político de las malas prácticas, lo que dificulta que los líderes se salgan con la suya en casos de corrupción o incompetencia.
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Ignorancia pública en las autocracias
Los autócratas refuerzan su control del poder debilitando las instituciones destinadas a fiscalizarlos.
Cuando desaparecen la libertad de expresión y el periodismo independiente, es menos probable que los ciudadanos conozcan la corrupción o los fracasos del gobierno. La ignorancia se convierte en aliada del régimen: mantiene a la población aislada y desinformada. Al censurar la información, los autócratas crean un vacío informativo que impide a los ciudadanos tomar decisiones informadas u organizar protestas.
Esta falta de información fiable también permite a los autócratas difundir propaganda y moldear la opinión pública sobre grandes asuntos políticos y sociales.
La mayoría de los autócratas modernos han trabajado para silenciar la libertad de expresión y aplastar a los medios independientes. Cuando Putin llegó al poder, cerró gradualmente cadenas de televisión independientes y censuró a medios opositores. Periodistas que expusieron corrupción o brutalidad gubernamental fueron acosados, procesados o incluso asesinados. Nuevas leyes restringieron las protestas y la crítica pública, mientras que las normas sobre “agentes extranjeros” hicieron casi imposible que los pocos medios independientes restantes pudieran operar.
Al mismo tiempo, el Kremlin construyó una vasta maquinaria de propaganda para moldear la opinión pública. Este control de la información ayudó a proteger al régimen durante las crisis. Como señalé en un artículo reciente, muchos rusos desconocían la responsabilidad de Putin en los fracasos militares de 2022. Los medios estatales usaron propaganda para trasladar la culpa a la cúpula militar, preservando así la popularidad de Putin incluso cuando la guerra se estancaba.
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La amenaza a los medios independientes en EE. UU.
Aunque Estados Unidos está lejos de ser una autocracia, la administración Trump ha dado pasos que recuerdan el comportamiento de regímenes autoritarios.
Un ejemplo es el uso de demandas judiciales para intimidar a periodistas. En Singapur, el ex primer ministro Lee Kuan Yew y su hijo Lee Hsien Loong recurrieron habitualmente a demandas civiles por difamación para silenciar a reporteros que exponían la represión o la corrupción gubernamental. Estas tácticas desalentaron la crítica y fomentaron la autocensura.
El presidente Donald Trump ha adoptado un enfoque similar, al reclamar 15,000 millones de dólares a The New York Times por la publicación de varios artículos supuestamente “maliciosos”, y 10,000 millones de dólares a The Wall Street Journal. Esta última demanda se refiere a un reportaje sobre una carta que Trump habría firmado en el libro de cumpleaños de Jeffrey Epstein.
Un tribunal desestimó la demanda contra The New York Times, y es probable que ocurra lo mismo con la del Journal. Sin embargo, este tipo de demandas puede disuadir la cobertura de conductas indebidas del gobierno, de las acciones y declaraciones de los oponentes políticos de Trump y del tipo de crítica inherente al periodismo de opinión, como columnas y editoriales.
El problema se agrava porque, después de que el programa de Jimmy Kimmel fuera suspendido tras una amenaza del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones alineado con Trump, el mandatario sugirió revocar las licencias de transmisión de las cadenas que emitieran comentarios negativos sobre él.
Aunque el programa fue restituido posteriormente, el episodio reveló cómo la administración podría usar la presión burocrática —una técnica típica de los regímenes autocráticos— para suprimir discursos con los que no está de acuerdo. Combinadas con los intentos de procesar a los supuestos enemigos del presidente a través del Departamento de Justicia, estas acciones fomentan inevitablemente la autocensura mediática y profundizan la ignorancia pública.
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La amenaza a la libertad de expresión
Los autócratas suelen invocar la “seguridad nacional” para aprobar leyes que restringen la libertad de expresión. La ley rusa de “agentes extranjeros”, aprobada en 2012, obligó a las organizaciones no gubernamentales con financiación extranjera a etiquetarse como tales, convirtiéndose en una herramienta para silenciar a grupos disidentes. Su reforma de 2022 amplió la definición, permitiendo al Kremlin atacar a cualquiera que criticara al gobierno.
Leyes similares han aparecido en Hungría, Georgia y Kirguistán. Rusia también utiliza designaciones vagas de “terrorismo” y “extremismo” para castigar la protesta y la disidencia, todo bajo el pretexto de la “seguridad nacional”.
Tras el asesinato de Charlie Kirk, la administración Trump tomó medidas que amenazan la libertad de expresión. Usó el pretexto de la “izquierda radical que incita a la violencia” para pedir una ofensiva contra lo que calificó como “discurso de odio”, amenazar a grupos liberales y designar a antifa como organización terrorista nacional.
Esta última medida es especialmente preocupante y acerca a Estados Unidos a comportamientos propios de gobiernos autocráticos. La vaguedad de la designación amenaza con suprimir la libre expresión y la oposición a la administración Trump.
Antifa no es una organización, sino una “colección descentralizada de activistas individuales”, como la describe el académico Stanislav Vysotsky. El alcance de quienes pueden quedar bajo la etiqueta antifa se amplía al asociarla con ideas generales, descritas en un memorando de seguridad nacional emitido por la administración Trump en el otoño de 2025, como el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo. Esto otorga al gobierno margen para procesar a un número sin precedentes de personas por su discurso.
Como escribe la académica Melinda Haas, el memorando “lleva al límite la autoridad presidencial al señalar a individuos y grupos como potenciales terroristas domésticos en función de sus creencias, y no de sus acciones”.
*Konstantin Zhukov es profesor adjunto de Economía en la Universidad de Indiana; Instituto de Estudios Humanitarios
Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation
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