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    En las entregas anteriores de esta serie, analizamos cómo el dinamismo del sureste mexicano ha encontrado motores desiguales, pero funcionales, en entidades vecinas.

    Sin embargo, en Campeche, el panorama cambia drásticamente. Lo que debería ser una de las transiciones económicas más prometedoras de la década se ha convertido en un preocupante estudio de caso sobre cómo la inopia administrativa y la desconexión social pueden congelar el desarrollo de un estado.

    Campeche no sufre por falta de geografía o de recursos; sufre por un gobierno que ha decidido sustituir la planeación estratégica por el folclor político.

    Mientras la Federación ha volcado inversiones históricas en la región con el Tren Maya y proyectos energéticos como el gasoducto Mayakán, la administración local parece incapaz de traducir esa infraestructura en bienestar tangible o en atracción de capital privado.

    El estado se encuentra en un limbo donde las oportunidades pasan de largo en las vías del tren, pero no echan raíces en la economía local.

    La parálisis del motor económico

    El error más evidente de la actual gestión radica en su visión de la promoción económica. Mientras el norte y el centro del país capitalizan el fenómeno del nearshoring y el vecino Yucatán se consolida como un polo logístico y tecnológico, Campeche permanece estancado.

    La falta de una política clara para diversificar la industria y ofrecer certidumbre jurídica ha ahuyentado la inversión extranjera directa. Las alarmas no son retóricas: la propia administración estatal admitió recientemente una asfixiante falta de liquidez en las finanzas públicas, requiriendo el rescate directo de la Secretaría de Hacienda federal ante la incapacidad de cubrir los compromisos operativos más elementales.

    Gobernar a base de deuda, como ocurrió con los mil millones de pesos autorizados recientemente, sin proyectos productivos transparentes que la respalden es una receta directa para la insolvencia a largo plazo.

    El quiebre del ánimo social: el costo de la soberbia

    Pero la economía es solo el síntoma; la enfermedad real está en el tejido social y en la erosión de la confianza ciudadana. El verdadero punto de inflexión para el ánimo de los campechanos ocurrió cuando el gobierno decidió confrontar, en lugar de escuchar, a sus propias instituciones.

    La crisis de seguridad detonada por el fallido operativo en el penal de San Francisco Kobén —que derivó en una huelga policial histórica de más de 100 días— desnudó una preocupante crisis de autoridad y una profunda indolencia hacia los derechos laborales y de seguridad de la población.

    El costo de mantener agendas personales y cuotas políticas por encima de las demandas ciudadanas ha sido altísimo. Las calles de Campeche, históricamente pacíficas, se volcaron en marchas multitudinarias que no pedían dádivas, sino algo mucho más elemental: dignidad, orden y la destitución de mandos cuestionados.

    La respuesta oficial, oscilante entre la criminalización de la protesta y el desdén mediático, fracturó de forma permanente la relación entre los gobernados y el palacio de gobierno. No es coincidencia que los ejercicios demoscópicos ubiquen hoy a la gestión estatal de forma persistente en los últimos niveles de aprobación a nivel nacional.

    Oportunidades desperdiciadas

    Para que la infraestructura federal rinda frutos, se requiere de un ecosistema local robusto: mano de obra calificada, mejora regulatoria, conectividad interna y, sobre todo, paz social. Campeche hoy carece de los cuatro.

    El Tren Maya pasará por sus estaciones, pero sin una estrategia estatal que encadene a las pequeñas y medianas empresas locales a las cadenas de suministro del turismo y la logística, el estado seguirá siendo solo un lugar de paso.

    La gobernanza no puede ser un espectáculo de martes por la noche ni una serie de quejas presupuestales en los consejos de seguridad. Si Campeche no corrige el rumbo, si insiste en ver complots electorales donde hay legítimas exigencias de justicia y si no genera un plan de incentivos reales para la inversión privada, el “oasis del sureste” terminará convertido en un desierto de oportunidades perdidas.

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