En casi todo el mundo, la temporada navideña se vive en las calles. Basta pensar en los mercados alemanes donde las plazas se llenan de vida, los festivales de luces en Canadá, las villas temáticas de Japón, los desfiles en Estados Unidos o las celebraciones que cada año atraen a miles de turistas a distintas ciudades de Europa y América Latina. Son espacios donde se mezclan tradición, cultura, convivencia y, por supuesto, marcas que participan como patrocinadores, aliados o simples acompañantes de la temporada.
México no es la excepción. Durante años, caravanas, desfiles y eventos navideños han sido parte del paisaje cultural de diciembre, reuniendo a familias enteras alrededor de experiencias que van más allá del entretenimiento. Son momentos de encuentro social en un país que, precisamente, necesita más razones para salir a las calles, convivir y sentirse comunidad.
Sin embargo, en tiempos donde la realidad avanza más rápido que la regulación, estos eventos han quedado atrapados en un debate legal que, lejos de aclarar, parece complicar lo evidente. ¿Qué está en juego? ¿Se está protegiendo la salud pública o solo se está interpretando la ley con un rigor que ni siquiera corresponde al espíritu original de la norma?
Mientras en otros países la discusión se centra en mejorar la transparencia y la seguridad durante las celebraciones, en México ocurre algo peculiar. Si en Venezuela la Navidad puede adelantarse por decreto a octubre, aquí pareciera que el debate va en sentido contrario: no se adelantan las fiestas, pero sí se intenta decidir quién puede estar invitado. Un extraño control sobre la lista de participación que termina afectando a las comunidades que esperan estos eventos cada año.
El argumento central de quienes buscan limitar estas actividades se basa en dos artículos del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Sobre el papel suena contundente, pero la lectura completa cuenta otra historia.
Los artículos citados regulan exclusivamente la publicidad de productos con etiquetado frontal en medios como televisión, cine, internet o plataformas digitales. No hablan de desfiles, ni de eventos culturales, ni de actividades recreativas al aire libre.
Tampoco prohíben la presencia de marcas en espacios públicos. Lo que regulan es la promoción directa de ciertos productos dentro de medios específicos.
En términos simples, el marco legal actual no está diseñado para prohibir desfiles ni caravanas navideñas. Y la falta de lineamientos convierte cualquier intento de sanción en una interpretación incierta.
En Estados Unidos, la FTC regula la publicidad infantil, pero los eventos públicos no se consideran medios de comunicación. Los desfiles, como el tradicional Macy’s Thanksgiving Day Parade, incluyen marcas de bebidas, alimentos, juguetes y retail sin restricciones, siempre que no haya publicidad engañosa.
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Celebraciones navideñas: entre tradición y regulación
En la Unión Europea, el principio es proporcionalidad: lo que se limita es el mensaje, no la presencia. Las marcas pueden patrocinar eventos culturales mientras no se realice promoción directa de productos restringidos.
La pauta internacional es clara: las marcas pueden participar mientras no exista publicidad dirigida directamente a menores o información engañosa. Es un criterio moderno y funcional que mantiene el equilibrio entre libertad creativa, protección al consumidor y desarrollo cultural.
Lo relevante es lo que representan estos debates: la necesidad de reglas claras que permitan proteger a la población sin limitar la vida cultural y recreativa de las ciudades.
Eventos de este tipo generan convivencia, turismo, identidad y apropiación del espacio público. En un país donde la polarización y la violencia han reducido los puntos de encuentro, cancelar celebraciones comunitarias por interpretaciones rígidas de normas incompletas puede tener un impacto mayor del que parece.
Más que prohibiciones generales, la opción está en construir lineamientos modernos, sensatos y acordes a la realidad global. Existen mecanismos para evitar publicidad encubierta, supervisión proporcional y criterios de transparencia sin necesidad de limitar actividades que fortalecen el tejido social.
La pregunta no es si los mexicanos deben tener eventos navideños. La pregunta es si queremos una regulación que acompañe a la realidad o una que la persiga sin alcanzarla.
¿Estamos regulando para proteger o para controlar?
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