Debido al cierre, cientos de miles de empleados federales fueron suspendidos temporalmente, es decir, enviados a casa sin sueldo hasta que se reanude la financiación. Antes del cierre, el presidente Donald Trump sugirió que una interrupción prolongada del financiamiento podría generar cambios irreversibles, como la reducción de parte de la plantilla federal.
El cierre representa otro momento difícil este año para la fuerza laboral federal, que hasta la fecha perdió más de 300,000 empleos. Esto se debe, en gran medida, a los esfuerzos continuos de la administración Trump por reducir partes del gobierno federal y reestructurar o eliminar determinadas agencias gubernamentales, con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia.
Como equipo de economistas financieros que estudia los mercados laborales y el empleo en el sector público, y que examinaron millones de registros de personal federal que abarcan cierres gubernamentales similares en el pasado, hemos descubierto que las consecuencias van mucho más allá de las imágenes ya conocidas de parques nacionales cerrados y servicios federales paralizados.
De hecho, nuestro estudio sobre el cierre de octubre de 2013 —durante el cual cerca de 800,000 empleados federales fueron suspendidos temporalmente durante 16 días—, estos eventos tienen un efecto negativo duradero en la fuerza laboral federal, reconfigurando su composición y debilitando su rendimiento durante años.
¿Qué pasa con los trabajadores?
Millones de estadounidenses interactúan con el gobierno federal a diario, de diversas maneras. Más de un tercio del gasto nacional de EU se canaliza a través de programas gubernamentales, como Medicare y el Seguro Social. Los funcionarios federales gestionan parques nacionales, redactan normativas ambientales y contribuyen a la seguridad de los viajes aéreos.
Cualesquiera que sean las inclinaciones políticas de cada persona, si el objetivo es un gobierno que maneje estas responsabilidades de manera eficaz, atraer y retener una fuerza laboral talentosa es esencial. Sin embargo, la capacidad del gobierno federal para hacerlo puede ser cada vez más limitada, en parte porque los cierres prolongados pueden tener efectos ocultos.
Cuando el Congreso no aprueba las asignaciones presupuestarias, las agencias federales deben suspender temporalmente a los empleados cuyos puestos no se consideran “exentos”, comúnmente llamados esenciales. Estos empleados exceptuados continúan trabajando, mientras que a los demás se les prohíbe trabajar o incluso ofrecerse como voluntarios hasta que se reanude la financiación.
El estado de suspensión temporal refleja las fuentes de financiación y las categorías de misión, no el desempeño individual, por lo que no ofrece ninguna señal sobre las perspectivas futuras del empleado y actúa principalmente como un golpe a la moral.
Es importante destacar que los permisos no generan pérdidas patrimoniales a largo plazo: el pago atrasado siempre se ha concedido y, desde 2019, está legalmente garantizado. Por lo tanto, los empleados recuperan su salario, aunque puedan enfrentar dificultades financieras reales a corto plazo.
Un observador cínico podría considerar los permisos sin goce de sueldo como unas vacaciones pagadas, pero los datos cuentan una historia diferente.
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Consecuencias inmediatas y efectos a largo plazo
Utilizando amplios registros administrativos sobre empleados civiles federales desde el cierre de octubre de 2013, analizamos cómo este impacto en la moral se extendió a las operaciones gubernamentales. Los empleados expuestos a suspensiones temporales tenían un 31% más de probabilidades de dejar sus trabajos en el plazo de un año.
Estas salidas no fueron reemplazadas rápidamente, lo que obligó a las agencias a recurrir a trabajadores temporales costosos y provocó disminuciones medibles en funciones básicas como la precisión de los pagos, el cumplimiento legal y la actividad de patentes.
Además, observamos que este éxodo se intensifica durante los dos primeros años posteriores al cierre y luego se consolida en una plantilla permanentemente menor, lo que implica una pérdida duradera de capital humano. El impacto en la moral es más pronunciado entre los profesionales jóvenes, las mujeres y aquellos con alto nivel educativo y amplias opciones externas. De hecho, nuestro análisis de datos de encuestas de un cierre posterior (2018-2019) confirma que la moral, y no la pérdida de ingresos, impulsa las salidas.
Los empleados que se sintieron más afectados informaron una fuerte caída en su sentido de autonomía, control y reconocimiento, y eran mucho más propensos a planificar su salida.
El efecto de la pérdida de motivación es sorprendente. Utilizando un modelo económico simple en el que se espera que los trabajadores valoren tanto el dinero como el propósito, estimamos que la caída de la motivación intrínseca tras un cierre requeriría un aumento salarial de aproximadamente el 10% para compensarla.
Implicaciones políticas en el cierre de gobierno
Algunas personas argumentaron que esta salida de empleados equivale a un recorte necesario, una manera de reducir el tamaño del gobierno mediante una supuesta “matanza de la bestia”.
Sin embargo, la evidencia muestra un panorama diferente. Las agencias más afectadas por los permisos temporales recurrieron a empresas de personal eventual para cubrir las vacantes. Durante los dos años posteriores al cierre que analizamos, estas agencias gastaron aproximadamente 1,000 millones de dólares más en contratistas de lo que ahorraron en nómina.
Los costos van más allá del gasto de reemplazo, ya que el desempeño del gobierno también se vio afectado. Las agencias más impactadas por el cierre registraron tasas más altas de pagos federales inexactos durante varios años. Incluso después de una recuperación parcial, las pérdidas ascendieron a cientos de millones de dólares que los contribuyentes nunca recuperaron.
Otras funciones que requieren alta especialización también disminuyeron. La aplicación de la ley se redujo en las agencias que perdieron abogados experimentados, y la actividad de patentamiento cayó en las agencias de ciencia e ingeniería tras la partida de inventores clave.
Las estimaciones oficiales de los costos del cierre suelen centrarse en los efectos a corto plazo sobre el PIB y los salarios atrasados. Sin embargo, nuestros hallazgos muestran que posteriormente se genera una factura aún mayor, en forma de mayor rotación de personal, costos laborales más altos para cubrir vacantes y pérdidas medibles de productividad.
Los cierres son impactos contundentes y recurrentes que desmoralizan a la fuerza laboral pública y erosionan su desempeño. Estos costos repercuten en todos los que dependen de los servicios gubernamentales. Si la ciudadanía desea instituciones públicas eficientes y responsables, entonces todos deberíamos preocuparnos por evitar los cierres.
Tras un año ya turbulento, no está claro si un nuevo cierre aumentaría significativamente la presión sobre los empleados federales o tendría un efecto más limitado, ya que muchos de los que consideraban irse ya lo hicieron mediante indemnizaciones o despidos forzosos este año. Lo que sí es evidente es que cientos de miles de empleados federales enfrentarán otro período de incertidumbre.
*Gonzalo Maturana es Profesor Asociado de Finanzas, Universidad Emory; Andrew Teodorescues Candidato a Doctor en Finanzas, Universidad de Stanford; Christoph Herpfer es Profesor Adjunto de Administración de Empresas, Universidad de Virginia.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation
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