Por Víctor Hugo Arteaga*
En México, la percepción pública suele ser más poderosa que cualquier conferencia mañanera, cualquier comunicado institucional o cualquier intento de control narrativo. Y hoy, en medio de un clima de creciente presión internacional sobre políticos mexicanos presuntamente vinculados con estructuras criminales, el contraste en el trato institucional entre distintos actores políticos comienza a convertirse en un problema político de dimensiones nacionales para el oficialismo.
Por un lado, la ofensiva institucional y mediática contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido constante, visible y agresiva. Las investigaciones, filtraciones y señalamientos han ocupado espacios públicos relevantes y han sido utilizados como símbolos del combate a la corrupción. Del otro lado, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, parece caminar bajo una lógica distinta: cautela extrema, silencio institucional y una evidente resistencia del aparato político federal a permitir que el tema avance hacia un terreno de escrutinio abierto.
La diferencia no es menor. Sinaloa no es cualquier estado. Es el epicentro histórico del narcotráfico mexicano y hoy se encuentra bajo una presión inédita derivada de investigaciones abiertas en Estados Unidos contra operadores criminales, empresarios, exfuncionarios y figuras políticas presuntamente vinculadas con estructuras del crimen organizado. En Washington ya no se habla solamente de capos; se habla de redes de protección política.
Ahí es donde comienza el verdadero problema para el gobierno mexicano.
Porque mientras la Fiscalía General de la República actúa con contundencia en algunos casos y con parsimonia en otros, la ciudadanía empieza a construir una conclusión propia: la justicia mexicana no está operando bajo criterios jurídicos uniformes, sino bajo criterios políticos.
Y en política, la percepción termina convirtiéndose en realidad.
El oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa moral: erradicar la corrupción, terminar con la impunidad y separar al poder político del crimen. Ese discurso fue electoralmente devastador contra los gobiernos anteriores. Pero hoy, esa misma narrativa comienza a convertirse en una trampa para Morena y sus aliados.
¿Por qué? Porque el estándar moral que se utilizó para destruir políticamente al viejo régimen ahora está siendo utilizado para medir al nuevo poder.
La ciudadanía observa un contraste incómodo: investigaciones rápidas y espectaculares contra adversarios políticos, frente a prudencia extrema cuando las sospechas rozan a figuras cercanas al movimiento gobernante. Y cuando ese contraste coincide con acusaciones provenientes de agencias estadounidenses, el desgaste se multiplica.
Estados Unidos ha endurecido su posición frente al narcotráfico mexicano no sólo en el terreno criminal, sino también en el político. Las cortes federales estadounidenses y el Departamento de Justicia llevan años documentando relaciones de protección, financiamiento y complicidad política alrededor de organizaciones criminales. Lo verdaderamente delicado es que, por primera vez en mucho tiempo, el discurso estadounidense comienza a insinuar que el problema no son únicamente los cárteles, sino las estructuras de poder que les permiten operar.
Ese cambio de enfoque representa un riesgo enorme para México.
Porque si el gobierno mexicano transmite la imagen de que protege políticamente a ciertos actores mientras persigue selectivamente a otros, la narrativa internacional terminará consolidándose: un Estado incapaz —o renuente— a investigar a sus propias élites políticas cuando las sospechas alcanzan al partido gobernante.
Y eso tiene consecuencias.
Consecuencias diplomáticas, porque deteriora la confianza bilateral con Washington.
Consecuencias económicas, porque incrementa la percepción de riesgo político y de captura criminal en regiones estratégicas del país.
Pero sobre todo, consecuencias electorales.
La mayor fortaleza política de Morena ha sido su narrativa ética frente al pasado. Si esa narrativa comienza a erosionarse por percepciones de encubrimiento o protección política, el oficialismo podría enfrentar un desgaste más profundo que cualquier crisis económica o cualquier confrontación opositora.
Porque el ciudadano promedio puede tolerar muchas cosas en política, excepto la hipocresía.
Y cuando el discurso anticorrupción deja de ser universal para convertirse en selectivo, deja de parecer justicia y comienza a parecer facción.
La gran pregunta es si el gobierno mexicano entiende el tamaño del riesgo que enfrenta. Porque quizá el problema ya no sea únicamente lo que sepan las autoridades estadounidenses, sino lo que empieza a creer la sociedad mexicana.
Sobre el autor:
*Víctor Hugo Arteaga es ganador del Premio Nacional de Periodismo 2016 por el reportaje de investigación Las Empresas Fantasma de Javier Duarte, el exgobernador que se encuentra preso gracias a ese trabajo.
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Facebook: Víctor Hugo Arteaga (Periodista)
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