El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que en 2023 las principales prácticas de riesgo en las compras públicas se relacionaron con la contratación con proveedores riesgosos, seguido de la falta de competencia en los procedimientos.
El Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (Diconsa) fueron las instituciones con mayor nivel de riesgo en las compras públicas.
En el estudio “Riesgos en las compras públicas a nivel federal”, para impulsar un sistema de contratación sólido en el país que garantice la competencia y mejores condiciones de precio y calidad, el IMCO propuso consolidar un sistema transaccional de compras públicas que permita que todas las etapas de contratación puedan ser monitoreadas.
Además, implementar herramientas basadas en algoritmos para optimizar las etapas del proceso, desde la fase precontractual hasta el cierre del contrato; establecer un candado en el sistema transaccional para evitar contratación con empresas sancionadas y fantasma; y replicar el sistema de compras en las entidades federativas para que estén homologados los procesos y estándares.
El IMCO explicó que en 2023, las instituciones de la Administración Pública Federal (AFP) firmaron contratos por 2,506 millones con empresas que estaban o eventualmente resultaron sancionadas por haber incumplido los contratos o incurrido en irregularidades como presentar registros sanitarios falsos.
Y seis instituciones, incluyendo Diconsa y el Instituto Nacional de Migración, tuvieron contratos para el servicio de limpieza con una empresa que desde 2022 tenía alertas por malas prácticas que la hicieron sujeto de sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública.
A esto se suma que se contrataron 3,096 millones de pesos con empresas de reciente creación, fenómeno que puede afectar el cumplimiento de los objetos contractuales. En esta categoría destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en 2023 concentra siete de cada diez pesos contratados con empresas creadas recientemente.
Aunado a lo anterior, existe falta de competencia en los procedimientos, lo que implica la concentración del monto contratado en procedimientos de excepción (adjudicación directa e invitación restringida), así como las condiciones que disminuyen en general la competencia como la concentración de proveedores en una institución o los plazos cortos en los concursos.
El IMCO añadió que en la APF se sigue utilizando la invitación directa e invitación restringida de forma extendida. En 2023, 22% del monto total de compras públicas se destinó a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, lo que equivale a 150,920 millones de pesos.
Destacó que en 2023, en el grupo de dependencias que gastaron más de 3,000 millones de pesos, la institución que presentó mayor riesgo de corrupción fue Fidena, seguida por FONATUR y Diconsa.
Entre las malas prácticas que explican este nivel de riesgo se observan la concentración en pocos proveedores y la prevalencia de procedimientos de excepción.
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