El paquete económico propuesto al congreso para el año próximo, mantiene una estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 1.8% y el 2.8% pero la perspectiva más puntual está sobre el 2.3 %, dadas las condiciones actuales eso suena ambicioso, sobre todo en un contexto de desaceleración global y las constantes amenazas arancelarias del gobierno de Donald Trump.
Este paquete económico ya no es solo un documento fiscal, es el mapa que delineará si México puede transitar de la resiliencia, a un crecimiento sostenido, o si se estancará en un ciclo de déficits crecientes y dependencias externas.
La Secretaria de Hacienda establece su visión en tres pilares, demanda interna robusta, impulsada por salarios a la alza y empleo formal, inversión pública, y una posición estratégica de cadenas de valores globales.
Sin embargo, mientras Hacienda aspira a ese 2.3%, los organismos multilaterales son más cautos al respecto: el Fondo Monetario Internacional y la OCDE calculan el 1.5% y el 1.3% respectivamente, mientras que el Banco Mundial y el propio Banco de México coinciden en un rango máximo del 1.4 %.
Esa diferencia de cálculo es una brecha que implica entre 250 hasta 300 mil millones de pesos menos en recaudación, estaríamos ante un escenario de crecimiento insuficiente y de riesgo fiscal creciente, entre otras cosas por el déficit estructural de Pemex.
Los riesgos más evidentes son los de la dependencia energética, los aranceles y el contraste entre el gasto social y el productivo, en contraparte a las oportunidades donde además es necesario que el sector privado se involucre, como la relocalización, fomento a las PYMES y la digitalización, y en alguna medida como catalizador la celebración de la copa mundial de fútbol.
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Crecimiento económico para 2026: entre la resiliencia y el espejismo
El paquete introduce algunos ajustes correctivos que responden a las debilidades que generan por ejemplo la informalidad y la evasión, mediante una mejora de la eficiencia recaudatoria, simplificación para las PYMES y la modernización aduanera con mucho mayores controles digitales.
Incentivos a la inversión, para fondos de capital privado y una tasa preferencial del ISR del 15% para capitales lícitos repatriados sin deducciones, pero con la con la obligación de invertirlos productivamente por tres años como mínimo, condonación de multas y recargos al 100 por ciento para contribuyentes mayores de 300 millones de pesos que regularicen adeudos antes de que concluya este año.
Estos avances que se reconocen no son del todo suficientes, porque persisten algunas rigideces estructurales como un gasto social inflexible, alto endeudamiento y una inversión pública rezagada.
Para que el paquete económico pudiera realmente ser un motor de prosperidad se necesitan ajustes mucho más profundos, una reforma estructural del ISR, ampliar la base tributaria, topar la deuda, redirigir los subsidios a Pemex y universalizar las pensiones.
Estos ajustes costarían al principio, pero una vez implementados generarían mayores recursos en inversión productiva, porque se trata de ir más allá de corregir la eficiencia operativa y social en lo inmediato, evolucionar hacia reformas estructurales que rompan los círculos viciosos.
El presupuesto está planteado en la sobrevivencia con un dejo de continuidad, corrige algunas asignaturas pero no transforma en lo fundamental, un pacto fiscal real que baje impuestos a quienes generan empleo y lo suba a quienes evaden o contaminan.
Un tope constitucional a la deuda y al déficit que obligue a todos los gobiernos a mantener escenarios prudentes, un esfuerzo de repatriación de capitales de largo alcance, tenemos que dejar de ser un país que exporta talento, recibe remesas y se conforma con ser el patio trasero de los Estado Unidos.
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