Las discusiones sobre el Mundial de Futbol 2026 han estado dominadas por estimaciones de derrama económica, llegada de turistas, ocupación hotelera y consumo, pero México Evalúa planteó que el verdadero balance del torneo debe ir mucho más allá de esos indicadores y traducirse en una agenda de evaluación que permita conocer qué impacto tuvo realmente en la vida de las ciudades y de sus habitantes.
El centro de investigación propuso que México construya una metodología integral para evaluar los efectos del torneo en ámbitos como movilidad, medio ambiente, desarrollo social, finanzas públicas, gobernanza y desarrollo económico local.
La propuesta parte de la premisa de que la derrama económica mide lo que ocurrió durante el evento, pero no necesariamente permite conocer qué beneficios permanecieron después de que terminó.
Por ello, México Evalúa consideró que el legado del Mundial debe analizarse desde una perspectiva de política pública que permita responder preguntas más amplias: ¿las inversiones realizadas mejoraron la movilidad urbana?, ¿se fortaleció la infraestructura de transporte?, ¿hubo beneficios ambientales duraderos?, ¿las comunidades locales se beneficiaron del evento? y ¿cuánto costó realmente a las finanzas públicas?
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En el documento “Y después del Mundial… ¿puede la política pública convertir un megaevento en legado?”, la organización señaló que históricamente los megaeventos deportivos suelen evaluarse a partir de indicadores económicos de corto plazo, mientras que aspectos relacionados con sostenibilidad, inclusión social o eficiencia del gasto público quedan relegados.
En materia de movilidad, propuso analizar si las obras y proyectos impulsados para atender la demanda extraordinaria del Mundial lograron generar mejoras permanentes en la conectividad urbana, los tiempos de traslado y el uso del transporte público en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Respecto al medio ambiente, planteó medir variables relacionadas con emisiones contaminantes, manejo de residuos, consumo energético y sostenibilidad de la infraestructura utilizada durante el torneo. El objetivo es determinar si el Mundial contribuyó a acelerar prácticas urbanas más sustentables o si generó costos ambientales que no han sido cuantificados.
La agenda de evaluación también debe incorporar una dimensión social. México Evalúa sugirió analizar quiénes se beneficiaron realmente de la actividad económica generada por el torneo y si sus efectos alcanzaron a pequeñas y medianas empresas, comerciantes locales y trabajadores vinculados al turismo y los servicios. Asimismo, planteó evaluar cómo percibieron los residentes el evento y si contribuyó a mejorar la calidad de vida en las ciudades sede.
Otro de los componentes centrales es el fiscal. La organización calificó como indispensable transparentar y medir el costo total que representó el Mundial para los gobiernos federal, estatales y municipales, incluyendo inversiones en infraestructura, gasto operativo, seguridad, incentivos económicos y posibles exenciones fiscales. Sólo así, sostuvo, será posible contrastar los recursos públicos invertidos con los beneficios obtenidos.
La propuesta también incorpora una dimensión institucional. México Evalúa planteó evaluar si el Mundial fortaleció capacidades de coordinación entre distintos niveles de gobierno, si mejoró mecanismos de transparencia y si dejó herramientas de planeación que puedan aprovecharse en futuros proyectos de gran escala.
De acuerdo con la organización, el carácter trinacional del Mundial 2026 ofrece además una oportunidad inédita para desarrollar indicadores comparables entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que permitiría identificar qué políticas públicas generaron resultados más duraderos y cuáles tuvieron impactos limitados.
Más que cuestionar los beneficios económicos del torneo, la propuesta busca ampliar la discusión sobre su legado.
Para México Evalúa, el éxito del Mundial no debería definirse únicamente por cuánto dinero circuló durante algunas semanas, sino por los cambios que logró dejar en movilidad, sostenibilidad ambiental, bienestar social, calidad institucional y manejo de los recursos públicos.
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