Las condiciones bajo las que operan los sistemas penitenciarios son un reflejo de nuestros dilemas éticos más profundos. Por un lado, la sociedad exige seguridad; por otro, se busca el respeto a los derechos humanos y la utopía de la readaptación. Sin embargo, la realidad diaria en la mayoría de las cárceles es una historia de sobrepoblación, consumo de drogas, violencia y abandono sanitario; no solo son una escuela del crimen, sino un espacio donde el desprecio por lo humano se redefine.
Fiódor Dostoyevski, autor de Crimen y Castigo, exploró la psicología de la culpa a través de su personaje, Raskólnikov. El novelista nos enseñó que el castigo más severo no siempre es el impuesto por el Estado, sino el tormento interior. Su célebre frase, “El grado de civilización de una sociedad puede juzgarse entrando en sus prisiones”, sigue siendo la medida más precisa y escalofriante para evaluar nuestra propia calidad civilizatoria.
Las grietas del sistema de justicia
En teoría, la impartición de justicia debería buscar primordialmente la reparación del daño. Solo ante la falta de esta posibilidad, la pena privativa de la libertad debería surgir como el último recurso.
El origen de la conducta criminal es complejo y, a menudo, está ligado a una mezcla de factores como los contextos sociales precarios, el consumo de sustancias, la deserción escolar, la carencia de alguno de los padres, los trastornos psicológicos no atendidos o, incluso, haber sido víctimas primarias de otros delitos. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 refleja esta realidad: un alarmante 69.7% de los reclusos cuenta únicamente con educación básica. Esto supone un doble castigo: se crean condiciones criminógenas y luego se sanciona su resultado inevitable. A esto se suma una cultura de impunidad y una falta de oportunidades que funcionan como un aliciente constante a la conducta criminal.
Sin embargo, es fundamental reconocer la resiliencia humana. Incluso en los peores contextos, hay personas que rompen el ciclo y encuentran alternativas en el deporte, el arte, la cultura, la academia o el trabajo. Son historias inspiradoras que desafían cualquier teoría de un destino predeterminado.
La injusticia se manifiesta cotidianamente, ya sea por las fallas al debido proceso o por la llamada prisión preventiva oficiosa, que mantiene a miles de personas sin sentencia cumpliendo una condena de facto. Según la ENPOL, un 43.9% de la población encarcelada no ha recibido sentencia. La duda sobre la culpabilidad se agrava al descubrir que un 29.1% de los reclusos fue presionado por alguna autoridad para declararse culpable, principalmente por la policía y el Ministerio Público.
Este fenómeno es especialmente delicado cuando la justicia se politiza. Los presos y perseguidos políticos castigados por disentir no son una novedad, pero hoy el castigo a la discrepancia se nutre de nuevos recursos: desde confrontaciones mediáticas y acusaciones de violencia política de género hasta investigaciones financieras selectivas o creación de “castigos ejemplares” que no encajan en la tipificación del delito, pero que son impulsados por el clamor popular y el miedo de autoridades y jueces al escarnio público. En este entorno, “más vale un inocente en la cárcel que una nota en la prensa”; volvimos a la era del Vox populi, vox Dei.
Esta misma arbitrariedad se refleja en una justicia desigual. Mientras ciertos grupos que destruyen propiedad en protestas —algunas con reivindicaciones legítimas— gozan de amplia tolerancia, acabando por dañar comercios y personas, en otros casos, faltas menores suscitan la fuerza del Estado con asombrosa eficacia; hay casos de interés público y otros de desinterés oficial. Esta discrecionalidad es el síntoma de nuevas políticas públicas que, a nivel mundial, han logrado evadir los principios de igualdad ante la ley, creando un sistema donde algunos son “menos iguales” que otros. Se desdibuja la frontera entre justicia y poder, recordándonos que, en las ciencias jurídicas, no todo crimen es delito y no todo delito es crimen.
El sistema también es vulnerable a la instrumentalización en disputas personales. Las cada vez más crecientes denuncias falsas, surgidas de conflictos de pareja, sociedades fallidas o animadversiones, pueden llevar a una persona inocente a prisión y manchar su reputación de forma irreparable. La razón es simple: la duda es una condena que sobrevive incluso a la absolución. Esta misma lógica punitiva, carente de un espíritu reparador, se observa en leyes que contravienen su propio propósito: ¿de qué sirve encarcelar a un deudor alimentario o incluirlo en listas que le impiden trabajar? Lejos de proteger a los beneficiarios, estas penas acaban por perjudicarlos, mermando la economía familiar y demostrando un sistema más enfocado en la narrativa del castigo que en soluciones realistas.
El riesgo sistémico se incrementa con las reformas judiciales recientes, donde existirá una larga curva de aprendizaje causada por secundar los méritos personales y profesionales por el azar y las afinidades políticas, amenazando con convertir en una tragedia cotidiana la cínica broma de que “un buen abogado conoce la ley, pero un gran abogado conoce al juez”.
Por si fuera poco, el error judicial es siempre una posibilidad. Antes de las pruebas de ADN, en la Unión Americana, muchas personas fueron sentenciadas injustamente por delitos como violación y homicidio. Algunos obtuvieron su libertad décadas después al lograr reabrir sus casos; otros murieron en el camino, incluyendo casos de personas ejecutadas por el Estado, dejando tras de sí no solo una injusticia irreparable, sino familias enteras estigmatizadas para siempre.
Finalmente, la perversión del sistema en su máxima expresión se manifiesta en las prisiones concesionadas. Los ejemplos internacionales demuestran que cuando una prisión se vuelve un negocio, se necesitan presos para que el modelo sea rentable, creando cadenas de corrupción entre fiscales, jueces y administradores carcelarios. De alguna u otra forma, se promoverá la comisión de delitos o, peor aún, la fabricación de culpables.
Las secuelas: la verdadera condena
Más allá de los muros, las secuelas de la prisión son vastas y permanentes. La depresión, la angustia y los brotes psicóticos son frecuentes. El estrés postraumático puede repercutir no solo en la salud mental, sino también en la física. Cuando se es inocente, esto toma la dimensión de una doble injusticia, porque no se castiga a los acusadores ni a quienes fabricaron procesos. En el mejor de los casos, la víctima (antes presunto culpable) celebra que el martirio acabó; no quiere saber más de engorrosos procesos reparatorios, incluso aquellos que deberían seguirse de oficio. Porque la justicia no puede reducirse a un simple “usted disculpe”.
Este drama adquiere una dimensión aún más profunda en el caso de las mujeres. Muchas son madres, y sus hijos, sin haber cometido delito alguno, nacen y crecen tras las rejas, condenados por su relación filial bajo el delito de “portación de madre prohibida”. A cierta edad, el sistema los arranca de sus brazos, generando un trauma irreparable y poco estudiado. ¿Dónde queda el principio del “interés superior del menor”?
Frente a este panorama, los casos de readaptación son anecdóticos, como el de Gregorio “Goyo” Cárdenas Hernández. Quizá el más emblemático en México, pues tras cometer varios asesinatos en 1942, fue recluido en el Palacio de Lecumberri. Durante su tiempo en prisión, mostró un cambio radical: estudió Derecho, se desarrolló como artista y ayudó a otros reclusos con sus procesos legales. Tras ser considerado rehabilitado, fue liberado como un ejemplo de la capacidad humana para cambiar. Hoy, esas historias son improbables en un sistema donde el 49.8% de los internos vive en hacinamiento.
Un llamado urgente a la ética
Dentro de las cárceles se convive con la violencia, el abuso sexual, la extorsión, el amedrentamiento continuo y una alta corrupción bajo “dobles gobiernos” de presos poderosos. La readaptación es un sueño lejano. La falta de presupuesto e interés público ha convertido a muchas prisiones en campos de concentración modernos, donde un 68.2% de los reclusos debe costear sus propias necesidades básicas. Sabiendo que el 61.9% tiene hijos menores de edad, es evidente que la condena trasciende al individuo y castiga a familias enteras. Las autoridades y las familias, en el mejor de los casos, se limitan a “administrar la tragedia” y, aunque existen diferencias notorias entre los sistemas federales y locales, ambos enfrentan retos mayúsculos.
La evidencia de una tragedia normalizada es abrumadora. La ética debe ser la condición ineludible de la justicia. Las penas alternativas, la reparación del daño y la proporcionalidad del castigo deben tener un solo fin: la readaptación, no la venganza.
Muchos de los argumentos aquí expuestos son los que con fuerza se defienden ante el actuar de autoridades en otras naciones en casos de connacionales, pero no podemos tener autoridad moral para defender en el extranjero lo que no protegemos en casa.
La justicia no debe ser mediática. Es momento de que vuelva a ser ciega y escuche solo a los implicados.
Es cierto que un grupo, no menor, de criminales de alta peligrosidad necesitará contención permanente. Sin embargo, la gran mayoría de la población carcelaria es el resultado de un sistema fallido. Dejar que estas instituciones operen en la opacidad y la crueldad no es solo una falla ética; es la garantía de que el ciclo del crimen y el castigo nunca terminará.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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