El delito de desaparición, sobre todo el de carácter forzado, que es cuando intervine alguna autoridad por acción u omisión, es uno de los más crueles, ya que no solo lastima a la víctima directa sino a sus familiares y amigos.
La incertidumbre, el no saber cómo y dónde se encuentra la persona ausente, implica una condena cotidiana para sus seres queridos, ensombrece el ambiente social y genera una zozobra permanente.
En México, el problema se transformó con el paso del tiempo. Las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, en el periodo que se conoce como Guerra Sucia, implicó que, desde el Estado, se utilizaran procedimientos ilegales para enfrentar a las guerrillas campesinas y urbanas, pero también a diversas disidencias, como se documentó en el Informe de la Comisión de la verdad sobre hechos ocurridos entre 1965 y 1990.
El saldo: cientos de desapariciones forzadas por motivos políticos. La sociedad reaccionó, con protestas y huelgas de hambre de madres y familiares de desaparecidos políticos y con la creación del Frente Nacional contra la Represión.
Fue hasta los años noventa, con la creación de la CNDH, a cargo de Jorge Carpizo, cuando se estableció un programa de búsqueda de desaparecidos, desde donde se dieron avances importantes y se recabó una abundante documentación que permitiría, años después, ya en el periodo como ombudsman de José Luis Soberanes, que se emitiera una Recomendación General.
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La irrupción del crimen organizado en diversas regiones del país profundizó el problema, porque las desapariciones se convirtieron en una tragedia de mayor alcance, debido, sobre todo, a las altas cifras y a las pocas respuestas eficaces para atender el que es uno de los problemas mayores y más lacerantes en la actualidad.
Los grupos colectivos y las madres buscadoras colocan la cifra en 133 mil personas de las que no se sabe su paradero. Hay otras cuentas, y en particular las de las áreas de seguridad, que insisten en reducir el alcance a la mitad, pero es un hecho que, desde cualquier óptica, quea se trata de una tragedia social.
A ello hay que añadir los cadáveres sin identificar, los que rondan en los 70 mil cuerpos, lo que ya generó una crisis forense que será difícil de revertir y más si no existen políticas públicas para lograrlo.
Este 10 de mayo, el que acaba de pasar, miles de madres buscadoras salieron a las calles. ¿Qué quieren los colectivos? Ayuda, colaboración en su empeño y apertura ante organismos internacionales.
Tienen razón y deberían escucharlas. El que madres busquen a sus hijos escarbando con palas en terrenos baldíos, y que además sean amenazadas, es la descripción más nítida del fracaso del Estado.
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