El sureste mexicano ha recibido en los últimos años una inversión pública federal histórica, sin embargo, los gobiernos locales han confundido, tanto conceptual como prácticamente, la obra pública con el desarrollo económico automático.
La inversión en infraestructura es fundamental, pero no es la solución por sí misma si esta no se aprovecha adecuadamente, sobre todo si las administraciones estatales no tienen el talento y la visión para generar condiciones internas para el crecimiento del sector privado. El gasto de la inversión es temporal y una vez que las obras concluyen lo que corresponde es exponenciar esa infraestructura para generar negocios, tanto para el sector privado local como internacional.
Los grandes proyectos tienen que usarse como vías para el desarrollo a riesgo de quedar como monumentos que recuerdan las oportunidades perdidas. En Quintana Roo, la promesa de la diversificación ha fallado; el estado sigue apostando exclusivamente por el turismo masivo, el gobierno ha sido incapaz de diseñar políticas públicas para fomentar otras actividades, incluso que ligadas al turismo podrían impulsar otros sectores.
El caso más concreto es el abandono de la actividad agropecuaria en el centro y sur de la entidad, a pesar de su cercanía con los polos turísticos, que son de suyo un mercado natural. Quintana Roo importa casi todo de otras partes del país y del extranjero porque su gobierno no ha podido crear los incentivos suficientes para que la agroindustria o la manufactura ligera, se convierta en el gran proveedor de sus destinos turísticos.
En esa parte de la entidad, que es la más deprimida y por ende olvidada, existen condiciones óptimas de clima, suelo y agua para producir todos los insumos que la hotelería requiere y por más ilógico que parezca, esos productos siguen viniendo de fuera. En Yucatán, que viene posicionándose como el nuevo gran polo industrial del sureste, el gobierno de la entidad ha caído en la complacencia por la atracción orgánica que se ha generado.
Porque hay que decir que en Yucatán quien empuja es el sector privado y a diferencia del pasado su gobierno está dejando de ser un acompañante efectivo incluso al grado de convertirse en un lastre derivado de señalamientos de mala administración pública y un efecto corruptor de sus principales figuras. La paradoja es que aun habiendo inversión, toda se concentra en Mérida, su capital y su periferia, sin una estrategia de infraestructura secundaria para que el interior del estado también se beneficie y sobre todo para atacar los cinturones de desigualdad.
Finalmente en Campeche, la nostalgia petrolera ha sumido a la entidad en una parálisis, siendo sin duda el estado de la región que más ha dejado de hacer, atrapado en la inercia de la decadencia petrolera. Su gobierno ha sido incapaz de articular una transición económica, a pesar de contar con ventanas de conectividad comercial para aprovechar sus grandes ventajas agrícolas y portuarias.
Independientemente del análisis particular, en general, los tres estados no han reformado sus sistemas educativos en las áreas técnicas y superiores para aprovechar las oportunidades de la manufactura avanzada y servicios globales. La mano de obra local no está teniendo acceso a la capacitación para los puestos de alto valor, eso la condena al empleo de baja remuneración.
El gran disruptor de la región sigue siendo la incertidumbre regulatoria y los conflictos de tierras, los tres gobiernos han preferido evadir el costo político de ordenar el crecimiento urbano y dar garantías a la propiedad, dejando que la especulación inmobiliaria devore el potencial del desarrollo ordenado. El desarrollo regional no se puede sustentar solo en el presupuesto federal, en este caso los tres gobiernos estatales no han asumido su tarea como promotores activos y reguladores eficientes, el auge puede concluir en un fenómeno pasajero cuando puede ser estructural y de largo plazo.
También te puede interesar: Anuncian inversión de 5,000 mdd en parques eólicos
