La Fiscalía de Sinaloa afirmó que la acusación de Estados Unidos sobre presuntos vínculos criminales en el Gobierno estatal, que alcanza a su vicefiscal, será evaluada por la Fiscalía General de la República (FGR) y deberá sustentarse con pruebas.
El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, es uno de los 10 funcionarios de alto nivel acusados por EU -incluido el gobernador Rubén Rocha Moya- por delitos de narcotráfico y tráfico de armas, relacionados con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
Según la acusación del Departamento de Justicia, los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
La Fiscalía de Sinaloa sostuvo que cualquier acción deberá ser determinada por la FGR e insistió en su compromiso con el “respeto irrestricto al marco constitucional”, sin pronunciarse sobre los señalamientos.
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“La institución subraya que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”, indicó.
Previamente, el gobernador Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, al señalar que carecen “de veracidad y fundamento”, y acusó que se trata de un “ataque” a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación.
La Cancillería de México afirmó que no se presentaron “pruebas” en las solicitudes de extradición enviadas el martes por el Gobierno estadounidense, al tiempo que afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EU en el país por la forma en que se hizo pública la acusación, al argumentar que contraviene tratados.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez, y el alcalde del municipio de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien asimismo negó las acusaciones.
Con información de EFE
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