El general Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos en Arizona, para responder por las acusaciones que hizo en su contra el Corte del Distrito Sur de Nueva York, por presuntos delitos de narcotráfico, está lejos de ser un improvisado.
Participó, en una escala desconocida por el momento, en las redes de colusión del gobernador Rubén Rocha Moya con el cártel de Sinaloa y, en todo caso, tuvo acceso a información privilegiada como secretario de Seguridad Pública.
El mando militar en retiro conoce los alcances que puede tener la investigación en curso, porque tiene una amplia experiencia en cuestiones de inteligencia, ya que inclusive fue subjefe y jefe de las secciones de esa área y de las de operaciones y logística en la Secretaría de la Defensa Nacional, además de comandante en zonas militares de Michoacán y Oaxaca y como mando especial en el estado de Tamaulipas.
Es quizá el militar de mayor rango que se ha entregado, de modo voluntario, a un gobierno extranjero para ser sometido a juicio y en su caso para colaborar como testigo.
Lo que lo motivó para tomar esa decisión seguramente resultó extremo, y tuvo que ver con las escasas posibilidades de garantizar su seguridad en México y mucho menos si está dispuesto a confesar lo que sabe.
El general Mérida Sánchez dio al traste con la estrategia defensiva elaborada por las autoridades mexicanas, ya que se desmonta el argumento de que no existen pruebas en la petición de extradición, y más bien indica que se deberían de tomar las providencias del caso, apurando indagatorias en territorio nacional.
A ello hay que sumar que quien fue el secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, optó también por entregarse y quien, por sus labores, seguramente tienen una idea precisa del nivel de los compromisos que se establecieron y de las contraprestaciones que pudieron generar.
Por lo pronto, la UIF congeló las cuentas de Rocha Moya y sus coacusados, como una medida preventiva, pero en términos de comunicación, aunque ese no fuera el propósito, contundente y que suma a los elementos que advierten del profundo deterioro generado en Sinaloa por quienes ahora enfrentan a la justicia de los vecinos del norte.
Se acaba el tiempo, y es una surte de cuenta regresiva que eleva el costo de no actuar de modo decidido contra políticos coludidos con los bandidos. Es una crisis de la que quizá se esté viviendo la primera de sus etapas, con todo lo que ello implica.
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