Un grupo de legisladores afirmó el miércoles que los estados gobernados por demócratas están poniendo inadvertidamente los datos de sus conductores a disposición de las autoridades de inmigración estadounidenses a través de una laguna digital poco conocida.
En cartas publicadas ese mismo día, el senador demócrata Ron Wyden y otros 39 legisladores de su partido instaron a los gobernadores demócratas garantizar que los datos de sus residentes no estuvieran siendo recopilados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que se ha convertido en la punta de lanza del programa de deportación masiva del presidente Donald Trump.
“Les instamos a bloquear el acceso del ICE”, señalaban las cartas. “Esta medida de sentido común mejorará la seguridad pública y evitará que los funcionarios de Trump utilicen los datos de su estado para acciones injustificadas y politizadas, al tiempo que permitirá la colaboración continua en casos de delitos graves”.
Los datos de las licencias de conducir se comparten entre las fuerzas policiales estatales, locales y federales a través de una organización sin fines de lucro llamada Nlets. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otra agencia del Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), también tienen acceso al sistema, según indica la carta. Ambas agencias realizaron en conjunto casi 900,000 consultas a la base de datos durante el año anterior al 1 de octubre.
Varios estados demócratas, así como numerosos condados y ciudades, han impuesto distintos niveles de restricción a la cooperación policial con el ICE. Sin embargo, la carta señalaba que solo un puñado de estados —entre ellos Nueva York, Illinois, Massachusetts y Minnesota— había impedido que el ICE accediera a los datos compartidos a través de Nlets, en parte porque los empleados estatales desconocían el destino final de la información.
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“Debido a la complejidad técnica del sistema de Nlets, pocos funcionarios del gobierno estatal comprenden cómo su estado comparte los datos de los residentes con agencias federales y de otros estados”, explicaba la carta.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondió a las solicitudes de comentarios. Nlets, cuyo acrónimo remite a su antiguo nombre, Sistema Nacional de Telecomunicaciones para el Cumplimiento de la Ley, tampoco respondió.
Las oficinas de los gobernadores de los cuatro estados que bloquearon el acceso del ICE a sus datos —así como las de Washington, que según la carta había prohibido recientemente dicho acceso, y Oregón, que estaba en proceso de hacerlo— tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.
La presión para aislar al ICE de los datos estatales es otro ejemplo de cómo los funcionarios estatales y locales están tratando de frustrar o ralentizar el esfuerzo de deportación masiva de Trump.
Ryan Shapiro, director ejecutivo del grupo de transparencia gubernamental Property of the People, señaló que este caso también ilustra cómo los acuerdos de intercambio de datos entre organismos policiales estatales, locales y federales suelen ser tan complejos que muchos funcionarios desconocen el alcance de la información que comparten sobre sus ciudadanos.
“Las agencias estatales suelen ser mucho mejores recopilando información que protegiéndola”, afirmó.
Con información de Reuters
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