Se ha debatido mucho sobre qué empresas tecnológicas serán las más perjudicadas por la amplia ofensiva del presidente Donald Trump contra las visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, que incluye una tarifa de 100,000 dólares por cada nuevo beneficiario.
Sin embargo, el impacto podría sentirse primero en las universidades, afirma Jeremy Neufeld, director de política migratoria del Institute for Progress, un centro de estudios independiente con sede en Washington.
Esto se debe a que la tarifa no se aplicará a las empresas hasta marzo del próximo año, cuando se realice el sorteo anual de las aproximadamente 85,000 nuevas visas H-1B que se otorgan cada año. Mientras tanto, las universidades y otras organizaciones de investigación y sin fines de lucro gozan de una exención que les permite solicitar visas durante todo el año, fuera del límite de 85,000 visas o del sorteo.
“Las universidades están en primera línea, y esto es simplemente un impuesto a su cartera de clientes”, señala Neufeld.
Hasta ahora, al menos, las universidades y otros grupos exentos no han estado exceptuados de la tarifa de 100,000 dólares, aunque la proclamación de Trump que la anunció dejó abiertas algunas excepciones por “interés nacional”. Anteriormente, las tarifas de las visas H-1B oscilaban entre 2 mil y 5 mil dólares, dependiendo del tamaño del empleador, según el Consejo Americano de Inmigración.
No es solo la tarifa lo que podría afectar duramente a las universidades. Otra parte del ataque a las H-1B lanzado por la administración Trump en septiembre es una propuesta para cambiar las reglas de la lotería de visas a fin de favorecer a los trabajadores de mayor edad (y, presumiblemente, mejor remunerados).
Esto dificultaría que los estudiantes extranjeros graduados en universidades estadounidenses con maestrías y doctorados permanezcan en el país para trabajar, algo que siempre ha sido parte de los beneficios de una educación estadounidense.
Además, la propuesta sobre las H-1B se suma a los cambios planteados en agosto por la administración en las reglas de las visas de estudiante F-1, que impondrían nuevos límites de tiempo y dificultarían que los graduados extranjeros de universidades estadounidenses utilicen el programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT). Este programa permite a los estudiantes extranjeros permanecer en el país después de graduarse y adquirir experiencia laboral durante un año, o hasta tres años si se especializan en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Caída de llegada de estudiantes extranjeros en EU
Las políticas restrictivas de la administración Trump hacia los estudiantes internacionales ya están reduciendo la matrícula de extranjeros. Datos de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITA) muestran que la llegada de estudiantes internacionales (excepto de Canadá y México) cayó un 19% en agosto respecto al mismo mes de 2024, con un total de 307 mil 419.
En julio, las llegadas disminuyeron un 28% interanual, a 76 mil 519. (Stuart Anderson, colaborador de inmigración en Forbes, señaló al informar estas cifras que parte de la disminución podría deberse a que muchos estudiantes ya matriculados decidieron no regresar a sus países durante el verano, ya que “muchas universidades les aconsejaron permanecer en EU para evitar problemas de reingreso”).
La política restrictiva de Trump hacia los estudiantes extranjeros afecta especialmente a las universidades con grandes programas de posgrado, que también sufren los recortes de fondos de investigación y los nuevos límites a los préstamos estudiantiles que entrarán en vigor el próximo año. Un récord de 502 mil 291 estudiantes extranjeros se matricularon en programas de posgrado en 2023-2024, frente a 342 mil 875 en programas de licenciatura, según datos de Open Doors.
La Universidad de Stanford, principal usuaria de visas H-1B —con 500 otorgadas en los primeros tres trimestres del año fiscal 2025—, atrajo al 36% de sus estudiantes de posgrado del extranjero. En la Universidad de Washington en San Luis y la Universidad de Columbia en Nueva York, el 46% de los estudiantes de posgrado eran internacionales.
Además del impacto financiero, el ataque al programa H-1B supone un choque cultural para muchos académicos. Jorge Coronado, profesor de literatura latinoamericana y andina moderna en la Universidad Northwestern, recordó que cuando dirigió el Departamento de Español y Portugués entre 2010 y 2017, el estatus migratorio “nunca se consideraba en las decisiones de contratación”.
“Pensábamos que al contratar a la mejor persona para el puesto, el estatus de la visa no era relevante”, dijo. Ahora, la nueva tarifa podría desalentar la contratación internacional en su departamento, donde entre el 30% y el 40% del profesorado es extranjero. “Se consideraría un aumento de 100,000 dólares en presupuestos ya ajustados. No veo cómo no”, añadió.
“El cambio es una amenaza muy seria para nuestra capacidad de contratar a los mejores candidatos”, advirtió un profesor de medicina de una institución de la Ivy League, que llegó a EU con una visa H-1B y pidió mantener el anonimato, ya que su universidad no lo autorizó a hablar.
Anshul Kundaje, profesor asociado de genética e informática en Stanford, quien también trabajó con una visa H-1B durante su posdoctorado, calificó la nueva tarifa de “absolutamente estúpida” e “idiota” en una publicación en X (antes Twitter). “Actualmente tengo directores de proyecto y científicos excepcionales en mi laboratorio con visas H-1B que contribuyen significativamente a la producción científica de Estados Unidos”, escribió el 20 de septiembre.
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En respuesta a una crítica, Kundaje añadió: “No me opongo a un mayor control de calidad ni a eliminar el abuso del programa H-1B, que es un problema real. Pero esta no es la manera. Me refiero a científicos de élite. Necesitamos más, no menos, para mantener a Estados Unidos en la cima. No tiene sentido meterlos en el mismo saco que a los estafadores”.
Demanda para bloquear la tarifa de 100,000 dólares de la visa H- 1B
Creado en 1990, el programa H-1B se diseñó para atraer a trabajadores altamente cualificados —como ingenieros, científicos y educadores—. Las visas suelen tener una validez inicial de tres años, renovable por otros tres. Muchos titulares acaban convirtiéndose en residentes permanentes, ciudadanos estadounidenses, empresarios o incluso multimillonarios.
Las profesiones informáticas dominan el programa: en 2024 representaron 75,428 visas H-1B, equivalentes al 53.4% del total. Las profesiones del ámbito educativo (escuelas y universidades) recibieron 13,725 visas, un 9.7%, mientras que las del sector médico y de la salud obtuvieron 8,492, un 6%.
En su proclamación del 19 de septiembre, Trump afirmó que el programa “ha sido explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra peor pagada y menos calificada”, y que “ese abuso sistemático ha socavado tanto nuestra seguridad económica como nuestra seguridad nacional”.
El anuncio de la tarifa de 100,000 dólares, hecho un viernes, desató pánico inmediato: algunos empleadores advirtieron a sus trabajadores H-1B que no abandonaran el país. Posteriormente, la administración aclaró que la tarifa solo aplicaría a las nuevas visas, no a las renovaciones ni a los titulares que regresen a EU tras viajar al extranjero.
Las asociaciones médicas y la American Hospital Association han presionado para obtener una exención para los médicos extranjeros, esenciales para cubrir la escasez de profesionales formados en EU, especialmente en estados republicanos. La Casa Blanca ha dicho que una exención es posible, aunque sin comprometerse oficialmente, y no ha dado indicios de que los puestos universitarios puedan quedar exentos.
El viernes, una amplia coalición de demandantes —entre ellos la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAP), sindicatos de estudiantes de posgrado y médicos residentes, una iglesia, un pastor, la empresa de reclutamiento Global Nurse Force y una investigadora posdoctoral de India— presentó una demanda para bloquear la tarifa de 100,000 dólares. La demanda sostiene que la tarifa podría aplicarse incluso a trabajadores que ya se encuentran legalmente en el país con otros estatus, como visas de estudiante, y buscan cambiar a una H-1B.
Incluso si los tribunales anulan la tarifa o se aprueban exenciones para universidades y organizaciones sin fines de lucro, el ataque al programa H-1B podría empeorar el entorno para la contratación internacional. “¿Querrán venir a Estados Unidos, incluso si pueden, incluso si las universidades están dispuestas a contratarlos, cuando hay tanta incertidumbre sobre los viajes y las políticas migratorias?”, se pregunta Neufeld.
Una complicación adicional es que, si se aprueban los cambios propuestos a las visas de estudiantes, algunos graduados podrían no ser elegibles para puestos posdoctorales mediante el programa OPT, lo que limitaría una vía establecida que permite a los egresados de carreras STEM trabajar en EU durante tres años, hacer contactos y luego pasar a empleos patrocinados bajo el esquema H-1B.
Mientras Estados Unidos busca restringir la entrada de trabajadores cualificados, otros países como China, Alemania y el Reino Unido han intensificado sus esfuerzos para atraer ese talento. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que Canadá está considerando ofrecer oportunidades específicas para trabajadores del sector tecnológico que, de otro modo, habrían calificado para las visas H-1B.
“No sé qué tan exitosos serán, pero otros países ven esto como una gran oportunidad, porque simplemente estamos dejando caer billetes de dólar en la acera para ellos”, advirtió Neufeld.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US
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