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    El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una importante victoria legal a la empresa agroquímica y farmacéutica alemana Bayer al desestimar miles de demandas que la acusaban de no advertir a los usuarios que el glifosato, ingrediente activo de su herbicida Roundup, causa cáncer.

    Desde entonces, Bayer, que adquirió Monsanto, fabricante estadounidense de Roundup, en 2018, consolidó su negocio de Roundup en una nueva unidad y solicitó aranceles al glifosato importado de China.

    La industria de los pesticidas logró otros éxitos en los últimos meses. En febrero, el herbicida dicamba fue reautorizado para dos temporadas de cultivo con algunas restricciones. En abril, un dictamen biológico del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos concluyó que la atrazina no representa un riesgo de extinción para las especies amenazadas y en peligro de extinción estudiadas.

    En el caso de Bayer, la administración del presidente Donald Trump se puso del lado del fabricante de Roundup, una postura que provocó una ruptura con los opositores a los pesticidas del movimiento “Make America Healthy Again” del secretario de Salud y Servicios Humanos de EU, Robert F. Kennedy Jr., quienes apoyaron a Trump en la campaña electoral de 2024.

    Ken Cook, director ejecutivo del Environmental Working Group, una organización sin fines de lucro que aboga por restricciones a los pesticidas, afirmó que la administración Trump parece haber decidido que “nuestro electorado son los grandes agricultores y las empresas de pesticidas”.

    Su organización y otras que buscan limitar el uso de pesticidas llevan tiempo decepcionadas con el programa de pesticidas de la EPA. Bajo la administración del expresidente Joe Biden, “era al menos más cauteloso”, dijo Cook. “Hay un cambio importante”.

    Sin embargo, la EPA declaró que sus decisiones, que en algunos casos incluyen nuevas restricciones a las aplicaciones, significan que “el impacto para los agricultores y el medio ambiente es directo. Los agricultores obtienen productos químicos modernos y más precisos que logran más con menos”.

    Bayer afirmó que la decisión de la Corte Suprema era “buena para la ciencia, los agricultores y las industrias que dependen de la claridad regulatoria para la innovación”.

    A continuación, se presenta el estado legal y regulatorio actual en EU de tres de los pesticidas más controvertidos:

    Glisofato obtiene una victoria en Corte Suprema de EU

    El 25 de junio, la Corte Suprema otorgó a Bayer su mayor victoria hasta la fecha. En una decisión de 7-2, los jueces dictaminaron que los demandantes no pueden demandar a la compañía por infringir las leyes estatales al no incluir una advertencia en la etiqueta sobre el riesgo de cáncer.

    Las acciones de Bayer se dispararon, registrando sus mayores ganancias en 23 años tras la decisión. La compañía se había enfrentado a decenas de miles de demandas de usuarios de Roundup que afirmaban que el producto les había causado cáncer.

    El jueves de la semana pasada, Bayer intentó convencer a un juez federal de que desestimara el litigio federal que consolida casi 4,000 demandas que alegan que Roundup causa cáncer. Poner fin a ese litigio aliviaría una carga financiera que, advirtió Bayer, podría obligarla a dejar de producir el herbicida.

    El glifosato fue objeto de críticas durante años por parte de quienes afirman que causa cáncer y otros problemas de salud. Bayer sostiene que el pesticida puede utilizarse de forma segura.

    Lee más: Bayer aviva rumores de ruptura al separarse Roundup en el mercado

    Aprobado el uso de dicamba durante dos temporadas de cultivo

    El dicamba, un herbicida fabricado por Bayer y Syngenta, es rociado por los agricultores en cultivos de algodón y soja modificados genéticamente para tolerarlo.

    Grupos ambientalistas han criticado su uso debido a que puede dispersarse y dañar las plantas vecinas.

    En 2024, un tribunal de distrito de EU dictaminó que la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA) había violado previamente los procedimientos de consulta pública en la aprobación de tres productos con dicamba y anuló sus registros. Como resultado, los agricultores no pudieron rociar dicamba en sus cultivos durante 2025.

    En febrero de 2026, la EPA anunció la aprobación de productos que contienen el pesticida para las dos siguientes temporadas de cultivo, bajo nuevas directrices que incluyen la reducción de la dosis máxima de aplicación y la limitación de su uso en climas cálidos.

    En respuesta, el Centro para la Diversidad Biológica, una organización sin fines de lucro que se opone al uso de dicamba, afirmó que dichas medidas serían ineficaces y difíciles de implementar.

    En un correo electrónico, la EPA declaró que la aprobación era “deliberadamente temporal” e incluía “las restricciones más estrictas que la EPA haya impuesto jamás a este herbicida”.

    Agencia estadounidense dice que la atrazina no representa riesgo

    La atrazina, un herbicida ampliamente utilizado producido por Syngenta, se emplea principalmente en cultivos agrícolas como la caña de azúcar y el maíz.

    De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algunos estudios científicos han mostrado una posible relación entre la atrazina y mayores tasas de ciertos tipos de cáncer, así como partos prematuros.

    La EPA está llevando a cabo una revisión del registro de la sustancia química y, en mayo, como parte de dicha revisión, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU presentó una opinión biológica que indica que la atrazina no representa un riesgo de extinción para la fauna silvestre amenazada o en peligro de extinción que estudió.

    “Anticipamos que el registro de la atrazina no pondrá en peligro la supervivencia de estas especies”, escribió la agencia en su opinión.

    Esta revisión es un paso más en el proceso de revisión del registro del plaguicida por parte de la EPA.

    Esta conclusión difiere de la evaluación biológica de la EPA de 2021, que determinó que la sustancia química probablemente afectaría negativamente a más de 1,000 especies protegidas.

    “En lugar de tomar en serio los riesgos ambientales y para la salud de la atrazina, la administración Trump ha vuelto a ceder ante los intereses de la industria de los plaguicidas, permitiendo que este pesticida extraordinariamente peligroso siga envenenando nuestra tierra y agua durante las próximas décadas”, declaró Nathan Donley, director de ciencias de la salud ambiental del Centro para la Diversidad Biológica.

    La EPA recalcó que la opinión se emitió fuera de su agencia y que evaluará cualquier nueva evidencia científica durante el proceso de revisión de su registro.

    En 2025, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud determinó que la atrazina es “probablemente cancerígena para los humanos”.

    En un sitio web sobre la atrazina creado por Syngenta, la compañía afirmó que, cuando se usa según las instrucciones, el producto químico no causa efectos adversos para la salud humana ni para el medio ambiente.

    Con información de Reuters

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