El Ministerio de Consumo de España pidió a Airbnb que, de manera inmediata, retire más de 65,000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma al incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.
En los últimos meses, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy remitió a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65,000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma e instó a la empresa a bloquear esta publicidad.
Airbnb recurrió en los tribunales la acción de Consumo y ahora un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncia sobre una de las resoluciones y respalda la iniciativa del ministerio e insta a la multinacional a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5,800 anuncios que incumplen la legislación.
Los anuncios sobre los que se pronunció el TSJM en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Islas Baleares y País Vasco.
A través de la Dirección General de Consumo, el Ministerio ha instó a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar 65,935 anuncios al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.
En concreto, se vulnera la normativa al no incorporar los anuncios el número de licencia o registro (la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada), no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores o los números de licencia no corresponden a los expedidos por las autoridades.
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Instan a Airbnb a quitar de inmediatamente 65,000 anuncios ilegales de pisos en España
Pablo Bustinduy celebró la “clara victoria” para la defensa del derecho a la vivienda que supone a su juicio el auto del TSJM, que insta a eliminar una primera tanda de 5,800 anuncios de pisos turísticos de Airbnb.
Para el ministro, esta resolución supone un “claro aval” a la labor de su departamento, que reclamó a Airbnb que de manera inmediata retire más de 65.000 anuncios “ilegales” de viviendas turísticas alojadas en su plataforma al incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.
Para Bustinduy, este auto del TSJM es la demostración de que “cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones”.
Y demuestran, además, según sus palabras, “que se puede conseguir que ningún interés económico prime sobre el derecho a la vivienda y que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, se coloque por encima de la ley”.
Airbnb: va contra las normas españolas y de la Unión Europea
Airbnb asegura que la petición del Ministerio de Consumo de retirar más de 65,000 anuncios ilegales de viviendas turísticas “está en desacuerdo” con las normativas española y europea y anuncia que seguirá recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso.
Un portavoz de Airbnb declaró que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 “no es competente” para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos.
Añade que el listado de anuncios que incluyó Consumo en esa petición de retirada utiliza una metodología “indiscriminada”, que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas, como arrendamientos de temporada, que no son oferta turística.
También ignoró -continúa el portavoz- “de manera deliberada” las resoluciones del Tribunal Supremo “que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro”.
Airbnb explica que pide a todos los anfitriones que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda a lo largo del año que comprueben y cumplan con las reglas locales. En caso de incumplimientos pueden ser eliminados de la plataforma, señala.
Entre los argumentos de la plataforma explica que está sujeta a la Ley de Servicios Digitales, que no tiene obligaciones de supervisión, y no debe ser considerado un servicio inmobiliario, de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Con información de EFE.
