Grupos que representan a profesores universitarios estadounidenses, y que buscan la deportación de estudiantes y profesores internacionales que son afines al movimiento propalestina están dispuestos a hacer lo que ningún otro litigante que desafíe la migración del Gobierno del presidente Donald Trump ha hecho hasta ahora: llevar a juicio.
Un juicio sin jurado con duración de dos semanas y que está programado para comenzar este lunes en Boston se muestra como una rareza en los cientos de demandas que se presentaron a nivel nacional en medio de los esfuerzos del presidente republicano para llevar a cabo deportaciones masivas, recortar el gasto y remodelar el gobierno federal.
En muchos de esos casos, los jueces emitieron fallos rápidos al principio de los procedimientos sin que ningún testigo haya sido llamado a declarar. Pero el juez de distrito William Young, siguiendo su práctica habitual, ordenó un juicio de los profesores, que era la “mejor manera de llegar a la verdad”.
La demanda fue presentada en marzo después de que las autoridades de inmigración arrestaran al recién graduado de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, el primer objetivo del esfuerzo de Trump para deportar a estudiantes sin ciudadanía estadounidense y con opiniones propalestinas o anti-Israel.
Desde entonces, el Gobierno canceló los visados de cientos de otros estudiantes y académicos y ordenó la detención de algunos, incluida Rumeysa Ozturk, una estudiante de la Universidad de Tufts que fue detenida por agentes enmascarados y vestidos de civil después de co-escribir un artículo de opinión en respuesta a la guerra de Israel en Gaza.
En sus casos y en otros, los jueces ordenaron la puesta en libertad de estudiantes detenidos por las autoridades de inmigración tras argumentar que el Gobierno tomó represalias contra ellos por su defensa de los palestinos, en violación de las garantías de libertad de expresión de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.
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Sus detenciones constituyen la base del caso que instruye Young, cuya demanda fue presentada por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y sus secciones en las universidades de Harvard, Rutgers y Nueva York, y la Asociación de Estudios de Oriente Medio.
Alegan que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional adoptaron la política de revocar los visados a los estudiantes y profesores que se comprometieran con el movimiento propalestina, para después detenerlos y deportarlos.
Esa política, dicen, se adoptó después de que Trump firmara órdenes ejecutivas en enero a las agencias para proteger a los estadounidenses de los que “propugnan ideologías de odio” y combatir “enérgicamente” el antisemitismo.
El objetivo, dicen los demandantes, fue suprimir los tipos de protestas que agitaron los campus universitarios después de que Israel lanzara su guerra en Gaza tras el ataque dirigido por Hamás del 7 de octubre de 2023.
Los representantes del Gobierno de Trump hablaron con frecuencia sobre los esfuerzos para apuntar a los manifestantes estudiantiles para la revocación de visas.
Sin embargo, en los tribunales, la administración se defendió argumentando que los demandantes están desafiando una política de deportación que no existe y no pueden señalar ningún estatuto, regla, regulación o directiva que la codifique.
“No deportamos a personas por motivos ideológicos”, dijo en un comunicado Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Interior.
El juicio determinará si se violaron los derechos de libertad de expresión de los demandantes amparados por la Primera Enmienda. Si Young llega a la conclusión de que sí, determinará una solución en una segunda fase del caso.
Con información de Reuters.
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