Por Carmela Rivero*
México enfrenta una crisis de protección animal que rara vez se discute en sus términos reales. El debate público oscila entre la indignación viral ante casos de maltrato y el aplauso a iniciativas de rescate, pero elude una pregunta incómoda: ¿cuántos de los espacios que dicen proteger animales pueden demostrarlo con datos verificables?
La respuesta exige abandonar el terreno de las intenciones. El bienestar animal, tal como lo define la Organización Mundial de Sanidad Animal, no es una aspiración sino un conjunto de condiciones técnicas que pueden medirse: nutrición adecuada, entorno apropiado para la especie, atención sanitaria oportuna, libertad de movimiento y ausencia de sufrimiento evitable. Cada una de estas variables admite documentación y auditoría.
En México casi nadie las mide de manera sistemática. No existe un registro nacional de espacios que concentran animales de compañía, no hay estándares obligatorios sobre capacidad instalada o dotación veterinaria, y no se exigen reportes públicos de ingresos, egresos o mortalidad. Sin información verificable, la diferencia entre un refugio funcional y uno colapsado se reduce a percepción o capacidad de generar contenido emotivo en redes.
Las cifras disponibles dimensionan el problema. México alberga más de 28 millones de perros y gatos, cerca del 70 por ciento en condiciones de abandono total o parcial según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies. Cada año entre 500 mil y un millón ingresan a espacios de resguardo, pero la tasa de adopción no supera el 10 por ciento. El resto permanece meses o años sin protocolo de salida.
Cuando un espacio opera de manera sostenida por encima de su capacidad, las consecuencias clínicas son predecibles. Equipos veterinarios reportan cuadros recurrentes de leptospirosis, sarna demodéctica, tumores venéreos transmisibles, infecciones respiratorias y desnutrición severa. No son fallas aisladas sino el resultado esperable de sistemas sin límites funcionales ni supervisión externa.
La dinámica que conduce a este punto suele comenzar con compromiso genuino. Un espacio recibe animales en emergencia, gana visibilidad, atrae donativos y voluntarios, pero los ingresos superan la capacidad de egreso. El tránsito se interrumpe, la permanencia se normaliza, y el bienestar termina sacrificándose en nombre de no rechazar a ningún animal.
Este problema no se resuelve con voluntad individual, requiere intervención estructural en cuatro frentes. El primero es regulatorio: estándares mínimos obligatorios que incluyan límites de capacidad, al menos un veterinario por cada 50 animales, protocolos sanitarios verificables y planes de egreso con plazos definidos. El segundo es transparencia: un registro público de refugios que consigne población, movimientos y causas de mortalidad.
El tercer frente es preventivo. La esterilización masiva, gratuita y sostenida sigue siendo la intervención más costo-efectiva: una hembra canina no esterilizada puede generar hasta 67 mil descendientes en seis años, y ningún sistema de resguardo absorbe esa presión demográfica. El cuarto frente es corresponsabilidad social: donar o adoptar debe implicar preguntar, visitar y exigir datos, porque el apoyo informado protege mientras el apoyo ciego puede financiar lo opuesto.
Cuando una autoridad judicial ordena intervenir un espacio por incumplimiento, el procedimiento no admite negociación. Las instituciones ejecutan documentando cada paso, coordinan con autoridades competentes y priorizan la estabilización sanitaria. La legalidad y el bienestar no compiten, se refuerzan mutuamente.
El bienestar animal es una variable binaria: se garantiza o se vulnera, se documenta o se desconoce. Reconocerlo no debilita a quienes trabajan en el sector, establece la base para que su esfuerzo produzca resultados defendibles. México tiene 28 millones de razones para tomarse en serio esta conversación.
*Sobre la autora:
Carmela Rivero es presidenta de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP.
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