Pocos temas suscitan tanta polémica entre los sectores intelectuales y políticos como la posible legalización de la marihuana. Los argumentos van y vienen. He de decir que, en esta materia, tengo apreciados amigos a quienes respeto profundamente, tanto partidarios de una postura abierta como aquellos que se oponen firmemente. Estas líneas no son sino un aporte desde un sector no suficientemente convocado al debate: el de la salud mental.
Los argumentos a favor de la legalización, en su mayoría, parecen de buena fe. Buscan solucionar, por un lado, el enriquecimiento del crimen organizado gracias a los cuantiosos recursos que genera la marihuana; por otro, parten del supuesto de que su consumo es de bajo riesgo y representa costos menores que podrían absorberse con el cobro de impuestos sobre la venta de estos productos. Además, defienden la libertad individual en las decisiones personales relativas a la salud, asumiendo que las advertencias sanitarias son suficientes.
En el fondo, se trata de un debate más trascendente: la obligación del Estado frente al conflicto entre dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad y el derecho a la salud. Surge la pregunta de cómo se tutelan ambos desde las instancias gubernamentales y cuál, en todo caso, tendría primacía.
La cuestión es si el Estado tiene facultades para intervenir en decisiones estrictamente personales que, si bien pueden arriesgar la salud o incluso la vida, se enmarcan en la esfera individual. ¿Puede el Estado intervenir únicamente a través de políticas públicas “suaves” —por llamarlas de algún modo—, como invitar, advertir y regular?
Cabe mencionar que en México el consumo de drogas no está penalizado; sí lo están el tráfico, la comercialización, el trasiego, la siembra y la producción. Esto se debe a que se considera que el consumo es, primordialmente, un problema de salud pública, mientras que el narcotráfico es un asunto de seguridad.
Primero, habría que notar que, en experiencias recientes como la pandemia de COVID-19, fue evidente la capacidad de los Estados a nivel global para intervenir en decisiones personales con el fin de proteger la salud pública. La Organización Mundial de la Salud, junto con prácticamente todos los organismos internacionales y gobiernos, tomaron medidas que restringieron libertades individuales —prohibiendo, regulando y limitando conductas— bajo el argumento de la responsabilidad individual frente al colectivo. Se prohibieron eventos públicos, se impuso el uso de cubrebocas para acceder a ciertos lugares y se exigió la vacunación para viajar, entre muchas otras disposiciones que, desde esta perspectiva, podrían considerarse autoritarias. Pensemos también en el caso de una persona que atenta contra su vida: ¿cuál es la obligación del Estado? ¿Impedirlo, incluso con el uso de la fuerza, o facilitarlo, como ocurre en algunos países como Suiza? Al respecto, Luigi Mazzitelli, exrepresentante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sostenía que “las drogas se prohíben porque son peligrosas, y no son peligrosas porque se prohíben”. Una postura muy similar mantiene la Dra. Nora D. Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA, por sus siglas en inglés).
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad, justificó la necesidad de implementar un esquema que permita a los usuarios de marihuana acceder de forma segura a su consumo “lúdico o recreativo”, señalando que es inconstitucional la prohibición absoluta del cannabis y el THC (principal componente psicoactivo de la marihuana), establecida en la Ley General de Salud. Con esa decisión, se anularon las normas que facultaban a la Secretaría de Salud para autorizar su uso únicamente con fines médicos y científicos, lo que añadió presión por parte de los colectivos de usuarios que impulsan la legalización.
Se debe reflexionar sobre si un acto verdaderamente libre puede darse bajo los efectos de sustancias que, paradójicamente, pueden mermar la libertad. El término “adicto” tiene su origen en el latín addictus, que significa “esclavo”. También conviene precisar que, si bien los términos “uso lúdico” o “recreativo” son cada vez más comunes, carecen de base científica y parecen tener una connotación más comercial que jurídica o científica. Al igual que con el tabaco, la marihuana no tiene una dosis segura de consumo; cualquier cantidad es potencialmente nociva. La magnitud del daño depende de múltiples factores individuales, como la edad de inicio del consumo, predisposiciones genéticas y vulnerabilidades personales, a menudo desconocidas hasta que el consumo se produce.
En cuanto al argumento relacionado con la seguridad, es difícil pensar que a los grupos del crimen organizado les afecte significativamente la legalización de la marihuana. Ante un eventual golpe económico por pérdidas potenciales, podrían verse obligados a incrementar el tráfico de otras drogas o a aumentar la comisión de delitos como el secuestro, la extorsión y la trata de personas; esto, a menos que se les concediera amnistía y se les otorgaran las concesiones para su producción y comercialización. Por otro lado, la venta a menores seguiría prohibida, lo que probablemente generaría un mercado negro paralelo a la industria legal, o bien, este segmento continuaría siendo abastecido por los mismos grupos criminales.
Cuando se cita el ejemplo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos como un fracaso de las políticas llamadas “prohibicionistas”, a menudo se olvida que no fue el cambio de leyes lo que permitió acabar con la crisis de seguridad de la época, sino la negociación que, en la práctica, entregó Las Vegas a las poderosas mafias cuando Nevada legalizó el juego de azar en 1931.
Si bien la llamada “guerra contra las drogas” ha tenido un costo humano elevadísimo (muertes, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados, entre muchos otros males), el impacto de las sustancias adictivas en la salud pública es igualmente alarmante. Por ejemplo, mientras se estima que el crimen organizado es responsable de 80 a 100 muertes diarias en México (con tasas que tienden a la baja), el consumo de tabaco, una droga legal, causa aproximadamente 169 muertes cada día. Esto evidencia que el daño intrínseco de las drogas va más allá de su abordaje legislativo.
En el tema fiscal, las drogas legalizadas a menudo suponen una carga neta para el erario. La industria del tabaco, por ejemplo, aporta al país cerca de 35,000 millones de pesos anualmente, pero genera costos al sector salud de, al menos, 116,000 millones de pesos, sin considerar los costos ecológicos (contaminación e incendios forestales) ni la pérdida de productividad empresarial.
Asimismo, hay que reconocer que no hemos logrado el cumplimiento efectivo de la ley para evitar que los menores fumen o consuman bebidas alcohólicas. Las disposiciones legales a menudo no se acatan e, incluso, en el seno familiar a veces se promueve el “saber beber” entre menores, cuando se debería fomentar el “saber no beber”. ¿Qué nos hace pensar que con la marihuana será distinto, si actualmente ya muchos menores la consumen?
Las experiencias internacionales de legalización no son alentadoras. Si bien la recaudación a corto plazo puede parecer exitosa, en las ciudades y estados donde la legalización ha sucedido se observa un incremento en el consumo de diversos tipos de drogas en todas las edades, menores incluidos. Esto conlleva un aumento en las visitas a urgencias médicas, el fomento del llamado “turismo de drogas”, un deterioro en la calidad de vida de los habitantes, un incremento en las personas sin hogar, más accidentes y mayores costos en salud pública, además de la posible transición de los usuarios a drogas más letales. Adicionalmente, en estados como California, con legalización abierta, los altos impuestos a la marihuana permiten la coexistencia del mercado legal e ilegal.
Estudios internacionales, como el publicado en Psychological Medicine (André J. McDonald et al., 2024), han revelado que los adolescentes consumidores de cannabis podrían enfrentar un riesgo hasta 11 veces mayor de desarrollar trastornos psicóticos en comparación con los no consumidores. En México, según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de la Secretaría de Salud para 2022, de los egresos hospitalarios asociados al uso de cannabis, el 14% presentó un trastorno psicótico, siendo los jóvenes una población particularmente vulnerable.
Por último, es crucial señalar que la marihuana tiene afectaciones importantes y conlleva riesgos considerables. Estos van desde la disminución de la capacidad de aprendizaje, el abandono escolar y problemas de memoria, hasta afectaciones en la salud respiratoria y alteraciones del ciclo del sueño. Además, puede potenciar trastornos mentales, incluyendo el riesgo de brotes psicóticos y la posible comisión de conductas violentas o delictivas. De hecho, cada vez es más frecuente que el primer motivo de consulta en los servicios de salud mental sea el consumo de sustancias. México no tiene la capacidad actual para atender las adicciones que existen entre su población, lo que explica que los grupos de autoayuda sean, en muchos casos, la primera instancia de apoyo. Esta falta de recursos humanos especializados nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad si las estadísticas continúan las tendencias actuales.
Entonces, ¿no estaremos errando el enfoque del debate? En lugar de centrarnos exclusivamente en legalizar o no, deberíamos preguntarnos cómo evitar, cómo prevenir y cómo reducir el consumo. Es fundamental cuestionarnos qué lleva a las juventudes a buscar en las drogas el esparcimiento o el entendimiento que no encuentran en sus familias, escuelas o en espacios de apoyo adecuados. No se trata de invertir más en armas, sino en “armar” a la juventud con resiliencia, fortaleza y capacidad de decisión. Un joven no necesita consumir; necesita amar, divertirse y experimentar la vida. Por su parte, un consumidor no necesita persecución ni castigo, sino orientación, atención y, en su caso, tratamiento.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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