Por Ximena Céspedes, Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de Coparmex
El expediente de Perfect Day ya se cerró.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales concluyó el procedimiento ambiental relacionado con el proyecto y confirmó que no será autorizado. Al mismo tiempo, las resoluciones judiciales recientes han seguido delineando el escenario jurídico alrededor de este caso. Todo indica que el capítulo de Perfect Day comienza a quedar atrás. (Semarnat; Noticaribe, junio de 2026).
Sin embargo, mientras buena parte del país continúa analizando si el proyecto debió aprobarse o no, en Mahahual la conversación cambió hace varias semanas.
La verdadera discusión ya no gira alrededor de Royal Caribbean. Hoy gira alrededor del futuro de Mahahual.
Durante meses el debate nacional pareció dividirse entre dos posiciones: quienes veían en Perfect Day una inversión cercana a los 600 millones de dólares con potencial para generar empleo y fortalecer la economía regional, y quienes advertían sobre los riesgos ambientales que implicaba para uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe mexicano.
Ambas posiciones planteaban argumentos legítimos. Pero una vez tomada la decisión, la pregunta dejó de ser qué proyecto se construiría. Ahora la pregunta es mucho más profunda: ¿cómo se construirá el desarrollo de Mahahual en los próximos años?
Desde la distancia, todavía hay quienes observan este caso únicamente como un conflicto entre inversión privada y conservación ambiental. Pero quienes viven, trabajan e invierten en la región saben que el debate evolucionó hacia otro terreno.
Mahahual dejó de preguntarse únicamente qué inversión privada podría llegar. Hoy la comunidad se pregunta quién decidirá cómo se ejercerán los recursos que el propio turismo genera y bajo qué reglas se administrarán.
Mahahual forma parte, junto con Cozumel, del principal corredor de cruceros del país. Durante el primer semestre de 2025 ambos destinos recibieron alrededor de 3.6 millones de cruceristas, equivalentes a cerca del 64% del mercado nacional. Esa actividad turística genera recursos públicos de enorme relevancia para el desarrollo regional.
A través del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista se anunciaron inversiones para infraestructura en Mahahual cercanas a los 197.5 millones de pesos. Paralelamente, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo continúa administrando un presupuesto anual cercano a los 750 millones de pesos destinado a la promoción de los destinos turísticos del estado.
Además, tras la visita de la secretaria Alicia Bárcena, el Gobierno Federal anunció una nueva ruta para Mahahual basada en el ecoturismo, la participación comunitaria y una agenda de inversión pública e infraestructura que busca equilibrar desarrollo económico y conservación ambiental. Ese anuncio modificó por completo el eje de la conversación.
Porque cuando una comunidad comienza a visualizar recursos de esta magnitud, surgen preguntas que resultan completamente legítimas.
¿Quién establecerá las prioridades? ¿Quién decidirá las obras? ¿Quién supervisará el ejercicio de los recursos? ¿Existirán mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas? ¿Participarán los empresarios locales, los prestadores de servicios y la propia comunidad en esas decisiones?
Estas preguntas no representan una confrontación con la autoridad.
Representan una exigencia legítima de gobernanza.
Porque el desarrollo sostenible no depende únicamente de cuánto dinero llega a una comunidad.
Depende también de cómo se toman las decisiones sobre ese dinero.
Durante años, en México hemos insistido —con razón— en la importancia de atraer inversión. Pero con la misma convicción debemos fortalecer las instituciones encargadas de administrar los beneficios que esa inversión y la actividad económica generan.
Los destinos turísticos más exitosos del mundo no son solamente los que reciben más visitantes.
Son aquellos que construyen confianza entre gobierno, sociedad y sector productivo; donde existen reglas claras, participación social y mecanismos transparentes para decidir el destino de los recursos públicos.
Esa es la gran oportunidad que hoy tiene Mahahual. Si logra consolidar un modelo donde inversión, sostenibilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas avancen de manera simultánea, podría convertirse en un referente nacional para otros destinos turísticos.
Pero si los recursos se ejercen sin información suficiente, sin representación local y sin mecanismos claros de supervisión, también podría convertirse en una oportunidad perdida.
La historia de Perfect Day probablemente quedará como un caso de estudio sobre inversión, medio ambiente y desarrollo turístico.
Pero el verdadero legado de este episodio dependerá de lo que ocurra a partir de ahora.
Porque los proyectos pueden cancelarse. Lo que no puede cancelarse es el derecho de una comunidad a participar en las decisiones que definirán su futuro.
Mahahual terminó abriendo una discusión mucho más profunda: la discusión sobre gobernanza.
Y esa conversación, para bien del país, apenas comienza. #OpinionCoparmex
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