En cualquier hospital público del país, una escena se repite con dolorosa normalidad: familias enteras duermen sobre cartones o están sentadas en bancas de concreto esperando noticias a plena intemperie. No son cifras, son abuelos, madres e hijos librando una batalla no solo contra la enfermedad de su ser amado, sino contra una violencia institucionalizada. Esta crisis, visible en cada pasillo saturado, con sillas que sirven como camillas improvisadas, ganchos de ropa que se usan para sostener sueros intravenosos y en cada rostro exhausto, no se resuelve solo con presupuestos. La verdadera enfermedad de nuestro sistema de salud no solo es la falta de dinero, sino la pérdida de la dignidad.
La brecha entre la realidad del sistema de salud mexicano y los estándares internacionales es evidente en las cifras oficiales. Mientras organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan destinar al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud pública, México, en su Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, asignó apenas el 2.85%, menos de la mitad de lo sugerido. Esta inversión insuficiente se refleja directamente en la percepción ciudadana, documentada por el Inegi en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, la cual reveló que el nivel de satisfacción con los servicios de salud públicos del IMSS y de los sistemas estatales apenas alcanza el 50.4% y 50.9% respectivamente. Esto significa que prácticamente uno de cada dos usuarios se siente insatisfecho con la atención recibida.
Los problemas del sistema público de salud son una larga lista repetida en todo diagnóstico: saturación de servicios, negación de atención, citas lejanas, altos tiempos de espera, concentración de la alta especialidad en las grandes urbes, escasez de médicos en zonas remotas y un déficit crónico de medicinas, vacunas, insumos y equipo especializado. Sin embargo, estos son solo los síntomas visibles de una enfermedad más profunda: la normalización del maltrato. La falta de recursos es innegable, pero se ha convertido en la excusa perfecta para justificar una crisis de empatía. Un ejemplo contundente lo encontramos en los actos de mayor solidaridad: un ciudadano que desea donar sangre, un acto que debería ser celebrado, es sometido a una odisea de cuatro o cinco horas en filas interminables. Aquí, el sistema castiga incluso a quienes intentan ayudarlo.
Ante las deficiencias del sector público, el sector privado emerge no como una solución, sino como un espejo de desigualdades. Por un lado, el sistema público ha cedido de facto parte de su responsabilidad de primer nivel a consultorios adyacentes a farmacias. En este modelo, la salud del paciente queda a expensas de una ética individual constantemente tentada por incentivos comerciales, generando una duda razonable: ¿la receta responde a un diagnóstico o a una meta de ventas? En cualquier caso, el costo recae en el usuario, lastimando una economía ya de por sí frágil.
En el otro extremo, la medicina privada de alta especialidad es un lujo inalcanzable para la mayoría. Sus precios exorbitantes han convertido la salud en una mercancía. Para quienes pueden costearla, a menudo a través de seguros, se materializa esa cruda ironía donde, en medio de una emergencia, mientras el personal corre con el paciente en una camilla al grito de “¡preparen quirófano, urge operar!”, a la inevitable pregunta del equipo receptor, “¿qué tiene el paciente?”, la respuesta que lo define todo es una sola palabra: “Dinero”. La viabilidad financiera precede al juramento hipocrático.
Hay que decir que los tiempos de espera, tanto en consultorios públicos como privados, suelen ser largos. Pero mientras en un lado hay sillones cómodos y ambientes amables, en el otro se castiga la supuesta gratuidad con indiferencia. ¿Qué tan difícil sería dignificar esa espera en clínicas y hospitales públicos con libros, música o pantallas? ¿Por qué citar a todos a la misma hora para hacerlos aguardar por horas con un trato de caras largas?
A esto se suma la necesidad urgente de fortalecer la supervisión ética de las aseguradoras, cuyas prácticas a menudo se centran más en la rentabilidad que en el bienestar del asegurado, retrasando autorizaciones y buscando tecnicismos para negar cobertura en momentos de máxima vulnerabilidad.
El fantasma de la iatrogenia y la negligencia recorre los pasillos de hospitales públicos y privados, pero su verdadero costo humano es difícil de cuantificar. No existe una cifra oficial de muertes por error médico en México, un silencio estadístico que invisibiliza la tragedia, aunque todos conocemos alguna historia donde se amputó la pierna equivocada o se extirpó el ojo sano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece una perspectiva aterradora al estimar que en países de ingresos bajos y medianos la atención sanitaria poco segura causa 2.6 millones de muertes al año. La magnitud del problema es tal que estudios de referencia, como el realizado por la Universidad Johns Hopkins, han llegado a posicionar al error médico como la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Estudios más cercanos, como el Proyecto IBEAS (Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos) en Latinoamérica, revelaron que casi el 8% de los pacientes hospitalizados en México sufre un “evento adverso”, y lo más grave es que casi la mitad de ellos (42.8%) se consideran evitables. No son solo números; son vidas perdidas o alteradas para siempre por fallas en un sistema que debía protegerlas.
Quizás la paradoja más dolorosa es que esta crisis coexiste con un capital humano de altísimo nivel. Las facultades de medicina de la región son semilleros de talento que producen profesionales cuya capacidad compite a nivel mundial. Entonces, ¿por qué el personal que sostiene el sistema parece haber perdido la motivación? El desdén y la apatía que a menudo perciben los pacientes no nacen en el vacío. Son el resultado de un desgaste sistemático:
- Sobrecarga extrema (Burnout): Cargas de trabajo inhumanas, turnos doblados y la presión constante de trabajar sin recursos ni reconocimientos.
- Injusticia administrativa: Estructuras sindicales anquilosadas y una burocracia donde el espíritu de servicio a menudo queda doblegado por los límites del contrato colectivo y las promociones por cercanía sindical.
- El Círculo vicioso del maltrato: Un sistema que maltrata al paciente genera usuarios desesperados que, a su vez, agreden al personal de salud, perpetuando un ciclo de hostilidad.
El personal de salud está en la primera línea de una guerra sin municiones, y sus heridas —emocionales y psicológicas— son ignoradas por el propio sistema que debe defender. La pandemia de COVID-19 no hizo más que magnificar esta tragedia. Mientras la sociedad aplaudía a un ejército de héroes que arriesgaba su vida, la incomprensión y el miedo llevaban a actos infames: se les negaba el acceso al transporte público o, peor aún, eran agredidos con cloro. La heroicidad fue reconocida en el discurso, pero castigada en la calle. Peor aún, en temas sensibles, a la comunidad médica se le está negando de facto la objeción de conciencia para ciertos procedimientos y se judicializan intervenciones que pueden privarlos de su libertad.
La solución a esta crisis no es solo presupuestaria; es, sobre todo, humana y estructural. Inyectar el 3% restante del PIB sin una reingeniería profunda sería como llenar de gasolina un tanque roto. El camino hacia adelante requiere un enfoque integral:
1) Dignificar al capital humano: Empezando por crear programas obligatorios de salud mental para el personal (Cuidar al Cuidador). Se debe mantener la exigencia académica a los residentes, pero erradicando el maltrato y brindándoles apoyos económicos dignos, al menos similares a los de otros programas sociales.
2) Liderazgo y gestión profesional: La dirección de los hospitales debe estar en manos de gerentes de salud especializados, no por designación política. Es crucial implementar tecnología con propósito: sistemas de gestión eficientes, expedientes digitales y una política de Estado para la telemedicina que descentralice la atención.
3) Enfoque en la prevención y la dignidad: Se deben fortalecer las políticas de medicina preventiva, implementar estrategias en política pública, como impuestos saludables a sustancias adictivas, para reducir la carga al sistema. A la par, se deben crear métricas de dignidad y experiencia del paciente, anónimas y sin represalias, que condicionen la evaluación de los directivos.
4) Reducción de la Burocracia: Es imperativo disminuir la burocracia gubernamental para la pronta atención y obligar a las aseguradoras del sector privado a eficientar sus tiempos de respuesta, facilitando los trámites para sus asegurados.
El objetivo no debe ser solo levantar nuevas clínicas y hospitales, sino construir un sistema donde el maltrato sea inconcebible. Donde no exista la negación de un servicio, donde la empatía y la calidez sean las primeras medicinas, donde se permita a los familiares participar activamente en el cuidado del paciente en lugar de mantenerlos afuera en condiciones inhumanas y donde el derecho a la información, a una segunda opinión y los derechos de los usuarios no sean letra muerta.
Sanar nuestro sistema de salud requiere más que dinero; requiere la voluntad de restaurar la dignidad en cada interacción, desde la recepción, el personal de seguridad, el archivo y la intendencia, hasta la sala de cirugía y las camas de recuperación. Porque un sistema que no trata con dignidad a su gente, sin importar de qué lado del escritorio se encuentre, ha perdido por completo su razón de ser.
Sobre el autor:
*Edgar Alonso Angulo Rosas es psicólogo clínico y experto en adicciones con amplia experiencia en prevención y atención a violencias, adicciones, salud mental y derechos humanos. Ha ocupado cargos directivos en ONGs, sector público y privado.
Correo electrónico: [email protected]
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