Mantener el capital humano especializado es esencial para garantizar la continuidad y eficacia de la regulación en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, indicó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), uno de las siete entidades autónomas que desaparecerán.
“Es primordial mantener el capital humano especializado, resultado de años de capacitación e inversión de recursos para la formación de personas servidoras públicas por parte del Estado Mexicano, es un pilar fundamental de todo órgano regulador”, expresó en un comunicado.
“Se requieren conocimientos altamente especializados en disciplinas tecnológicas, económicas y jurídicas.
Los resultados de la labor institucional no habrían sido posibles sin el compromiso y la alta especialización del talento humano que construyó día con día una institución eficiente y eficaz, agregó.
Sostuvo que la capacidad técnica y profesional del personal debe ser reconocida y valorada, por lo que hizo un llamado a que se respeten sus derechos laborales, como quedó establecido en la reforma aprobada ayer por el Senado.
La institución argumentó que la autonomía constitucional, “fruto de conquistas sociales históricas”, ha sido clave para implementar una regulación efectiva que ha derivado en beneficios directos para la población como mejores servicios a menor costo.
“Hoy más mexicanas y mexicanos cuentan con mejores servicios y a menor precio, en un ambiente de competencia que no se hubiera logrado sin un regulador autónomo”, sostuvo.
Afirmó que hasta antes de su creación, no había sido posible establecer regulación asimétrica a empresas dominantes en el sector.
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Llamó la atención sobre otros aspectos de la reforma que podrían generar incertidumbre y limitar la aplicación de la regulación sectorial y de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que deben ser analizados en la próxima legislación secundaria.
Entre esos aspectos está la imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y la toma de decisiones colegiadas, elementos que consideró indispensables para la implementación de la regulación y la aplicación de la política de competencia.
Detalló que se requiere un órgano regulador sectorial que garantice decisiones técnicas e imparciales, lo cual es particularmente relevante en el contexto actual, donde hay concesionarios con participación pública que operan redes de telecomunicaciones y prestan estos servicios en el país, sin comprometer el cumplimiento de acuerdos internacionales a los que está suscrito el Estado.
Manifestó su disposición a aportar los elementos que sean requeridos para que a través de las leyes secundarias puedan generarse condiciones que sean en beneficio del desarrollo del sector y de los usuarios.
Destacó que en sus 11 años de existencia se lograron ahorros para los consumidores por encima de los 805 mil millones de pesos, y una disminución en los precios de servicios de comunicaciones superior al 33%.
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