Los recientes hechos suscitados en torno a los llamados narcocorridos y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como diversos gobiernos estatales, se ha centrado en una supuesta censura por parte del Estado.
Y aunque la presidenta de la República ha señalado que la medida no es la prohibición de un género musical sino hacer conciencia social sobre su contenido, la polémica sirve para abrir un debate que, por mucho, rebasa las fronteras de los gustos musicales.
Uno de los bordes de esta discusión es el que tiene que ver con la infiltración del crimen organizado en la industria musical, a través de canciones que hacen apología explícita al crimen organizado, a sus líderes, a su forma de vida y a los niveles de violencia que les caracteriza.
La idea de hacer corridos por encargo o fabricar estrellas de la noche a la mañana han dejado de ser meras especulaciones. Recientemente, el cantante Gerardo Ortiz se declaró culpable de participar en conciertos en los que se lavó dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La información se había mantenido reservada mientras que el artista, famoso por sus canciones sobre “El Mayo”, “El Chapo”, “El Mencho, “El Mayo”, “El Mini Lic.”, entre otros, cooperaba con el FBI en el caso de Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, quien en otro momento fungiera como su representante. Apenas el 27 de marzo, del Villar fue declarado culpable tras un juicio en una corte federal de los Ángeles, California, en Estados Unidos. A del Villar se le acusa por realizar transacciones con el CJNG, entre otros cargos. En agosto se sabrá su sentencia.
Como dato a destacar, Del Records es una disquera que impulsó la carrera de cantantes de los géneros del corrido tumbado como Eslabón Armando y Peso Pluma, de quien produjo “Ella Baila Sola”.
A principios de enero, las dudas avivaron cuando Peso Pluma, otros cantantes e influencers fueron expuestos supuestamente como parte de una red de lavado de dinero al servicio de “Los Chapitos”, a través de volantes lanzados desde avionetas que sobrevolaron varias veces sobre Culiacán.
Ante este escenario, el debate es más complejo que si el gobierno federal o los gobiernos de algunos estados están coartando la libertad de expresión. Ante la evidencia o la duda fundada de la posible infiltración del crimen organizado para tomar ventaja del ámbito musical, el Estado no puede quedar impávido sin tomar medidas ante una industria ampliamente lucrativa que se presta a inyectar capitales ilícitos.
La presidenta Sheinbaum presentó la iniciativa “México canta” para promover la cultura de la paz y el talento de cantautores y músicos de origen mexicano en territorio nacional y en Estados Unidos. Sería deseable que los gobiernos de los estados y de los municipios se unieran a tal iniciativa y se fomentaran políticas culturales con criterios mínimos para alentar el talento y la diversidad cultural. Además de que los recintos feriales suelen ser propiedad de los municipios o las entidades federativas, lo que debería ser aprovechado para que los flujos monetarios que se manejan en ferias o palenques para contratar a los artistas sean rastreables.
Por otro lado, es necesario que las instituciones de inteligencia financiera se usen para mapear posibles redes de complicidad con el crimen organizado dentro del ámbito musical. Es necesario atender con inteligencia y colaboración interinstitucional un problema complejo como es el vínculo entre la industria de la música y el dinero sucio, a fin de atacar y desmantelar la capacidad financiera de estas organizaciones para cooptar impunemente a artistas y sellos discográficos.
Sobre el autor:
Palmira Tapia es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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