La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres entidades financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco— por presuntamente haber facilitado operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y al tráfico de fentanilo encuentra respuesta serena y disciplinada.
Ante el señalamiento formal de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas concluyentes y dejó actuar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ya intervino administrativamente las tres instituciones
La acusación estadounidense presume operaciones sistemáticas de triangulación de fondos hacia China para la compra de precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo, transferencias a nombre de prestanombres del Cártel de Sinaloa, reuniones con operadores financieros e incluso transacciones vinculadas al exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
Estados Unidos utilizó nuevas herramientas legales, como el Fentanyl Sanctions Act y el FEND Off Fentanyl Act, para calificar a estas instituciones como de preocupación en materia de lavado de dinero, una categoría que impide a cualquier banco con operaciones en EU establecer relaciones con ellas. Prohibición tan operativa como simbólica.
Este tipo de lavado sofisticado ha sido analizado desde hace décadas por autores como el criminólogo y economista Peter Reuter, quien demostró que el mayor riesgo de los sistemas financieros modernos no es tanto el ingreso masivo de dinero ilegal en efectivo, sino su blanqueo a través de instrumentos legales disfrazados de inversión, consultoría o fideicomisos.
La Presidenta Sheinbaum eligió no alimentar la especulación. No negó la acusación ni confrontó. “Si hay prueba se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea”, dijo y dejó actuar a la CNBV. Esa templanza es claridad y disciplina. La intervención busca salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes. Una lógica preventiva que busca cortar los canales financieros antes de que los fondos sucios se conviertan en bienes legales.
Quien haya faltado a la ley y a la lealtad seguramente está temeroso. La mandataria no se opuso a las sanciones, solo pidió evidencia. Mientras tanto, ya se ejecutaron las medidas que corresponden.
Esa combinación de legalidad, serenidad y eficacia revela que no hay margen para la complicidad disfrazada de desinformación.
Sobre el autor:
Salvador Guerrero Chiprés es Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.
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Twitter: @C5_CDMX
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