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    Ciudad de México.- Aunque la práctica de demorar o negar devoluciones de saldo a favor lleva mucho tiempo, se ha incrementado en los últimos 7 años, según el abogado especialista en materia fiscal de la firma Basham, Ringe y Correa, Gerardo Nieto.

    Abogados especialistas señalaron que el gobierno utiliza distintas prácticas para recaudar más o no entregar saldos a favor a empresas, aunque puedan ser cuestionables e inclusive al margen de la ley.

    “Se han acabado el dinero por asignar partidas con destinos no cuestionables, (sino) rechazables, y en consecuencia pues necesitan dinero. ¿Cómo le hacen para conseguir dinero? Uno, te recauda más, aunque sea al margen de la ley, no importa (…) Y dos, no devuelven (o tardan) en devolver”, afirmó Gerardo Nieto, socio y especialista en temas fiscales en la organización.

    El abogado recordó cómo en el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum se tardaron más las devoluciones de los saldos a favor, según quejas de contribuyentes, y que estos saldos a favor pueden generarse porque el contribuyente hizo pagos en exceso y puede solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la devolución de lo que se pagó de más, y ese derecho a la devolución no expira hasta cinco años después.

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    Pero el SAT puede pedir requerimientos para comprobar que en efecto, se puede hacer esa devolución, y da 10 días hábiles al contribuyente para presentar los documentos necesarios, aunque por lo general se necesitan prórrogas para juntar todo lo que pide la autoridad.

    “Después de que se presenta esa información, la ley dice que el SAT puede volver a requerir, pero solo respecto a la información que fue presentada con motivo del primer requerimiento. ¿Qué hace el fisco? Vuelve a pedir una cantidad impresionante de cosas que no necesariamente tiene relación con la información que se le presentó con motivo de su primer requerimiento. O sea, es algo totalmente ilegal”, advirtió Gerardo Nieto en conferencia de prensa.

    Pero, en vez de ir a juicio, la mayoría de las empresas prefieren entregar los requisitos que les pide el SAT, aunque si aún así no está conforme con la devolución, puede aplicar sus facultades de comprobación solamente en el periodo de devolución solicitado, lo que le puede llevar hasta un año, y mientras tanto, la empresa debe pagar sueldos y salarios y seguir pagando sus impuestos.

    “Hay veces que eso es lo que pasa y cuando la autoridad fiscal niega, entonces pues no hay otra más que tener que ir a un litigio para demostrar ante el tribunal que esa negativa es ilegal y lo que sí procede es que me devuelvan mi dinero”, indicó.

    “Pero para entonces, ya teníamos poquito más de un año, hay que aumentarle 2 años y medio más de lo que dura el juicio de nulidad. Entonces, ya estamos hablando de 4 años”, advirtió el abogado especialista, por lo que el plazo de 40 días hábiles para la devolución de saldo a favor es “relativo”.

    Además, señaló que, aunque esta práctica la hace el SAT desde hade mucho tiempo, “sí percibimos que se incrementó en forma importante desde hace siete años, desde el gobierno de López Obrador.”

    El 7 de julio, el SAT informó que en el primer semestre de 2025, los ingresos del gobierno alcanzaron 3 billones 219 mil 727 millones de pesos, un monto 10.3% superior en términos reales en comparación con el mismo periodo del año anterior; es decir, un crecimiento nominal de 412 mil 71 mdp.

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    De ese monto, 2 billones 835 mil 993 mdp provienen de la recaudación tributaria obtenida en los primeros seis meses del año, lo que representa un crecimiento real de 7.9% respecto al primer semestre de 2024.

    Por otro lado, el jurista criticó la reforma al Poder Judicial de la Federación, pues aseveró que no traerá cambios positivos, pero sí muy trascendentes.

    “Quienes van a llegar al Poder Judicial a resolver conflictos, sobre todo entre los particulares y el gobierno, van a ser personas inexpertas, en su gran mayoría con un grado de ignorancia importante, pero sobre todo en su gran mayoría leales a favor del gobierno”, aseguró y advirtió que cambios de reglas inadvertidos e inconstitucionales pueden ahuyentar inversiones.

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