Un gran jurado federal rechazó acusar a un residente de Washington, D.C., acusado de agredir a un oficial federal, según un expediente judicial del jueves, lo que constituye el último caso en el que los residentes frenan los efectos de la toma militar del presidente Donald Trump al no respaldar los esfuerzos del gobierno de arrestar a personas por infracciones menores.
Datos clave
Un gran jurado rechazó acusar a Alvin Summers, quien fue acusado de agresión después de que oficiales federales lo confrontaran por presuntamente conducir en el National Mall, lo que desató una altercación, según un expediente judicial reportado por Reuters.
El expediente se presentó un día después de que un gran jurado en Washington rechazara acusar a Sean Dunn, un ex empleado del Departamento de Justicia, que fue acusado de agredir a un oficial federal después de lanzar un sándwich de tipo “sub” a un agente de inmigración federal, según informó por primera vez The New York Times.
La administración de Trump también fracasó tres veces en obtener que un gran jurado presentara cargos contra una mujer de Washington, acusada de agredir a un agente del FBI, después de que la mujer intentara detener por la fuerza a oficiales de inmigración que iban a llevar a dos personas bajo custodia federal.
Los fiscales presentan evidencia ante los grandes jurados en casos donde un acusado enfrenta cargos por delitos graves, y los jurados luego deciden si se puede presentar una acusación—con el Times señalando que es extremadamente raro que rechacen la solicitud de acusación, ya que el proceso de gran jurado está fuertemente sesgado a favor de los fiscales, quienes pueden presentar cualquier evidencia que deseen al jurado.
Pero se está convirtiendo en algo más común a medida que Trump envía al ejército a ciudades de tendencia demócrata: Los grandes jurados también rechazaron acusaciones contra manifestantes cuando la Guardia Nacional fue desplegada en Los Ángeles, informó el Los Angeles Times en julio, señalando que de más de tres docenas de personas que fueron blanco de cargos federales, solo siete fueron realmente acusadas.
El fracaso de la administración de Trump para asegurar acusaciones llega en un momento en que la fiscal federal Jeanine Pirro ha dirigido a los fiscales a buscar los cargos más severos posibles contra las personas arrestadas en Washington, pero los fiscales ahora se ven obligados a reducir o retirar los cargos por completo, ya que fracasan en los tribunales, señala el Times.
Lo que se debe observar
El abogado de Summers ha solicitado que se desestimen completamente los cargos en su contra a la luz de la decisión del gran jurado de no acusarlo, y Dunn fue posteriormente acusado de un delito menor después de que el gobierno no lograra asegurar una acusación por lanzar su sándwich. Esos cargos, que no requieren la aprobación de un gran jurado, ahora continúan su curso en los tribunales. Trump ha sugerido que desea seguir usando al ejército en otras ciudades controladas por los demócratas, como Chicago y Nueva York, lo que podría llevar a tendencias similares con los grandes jurados en otros lugares en el futuro.
Crítico principal
Pirro, la ex presentadora de Fox News que ahora supervisa las persecuciones en Washington, D.C., ha defendido las acciones del gobierno a pesar de los repetidos rechazos del gran jurado. “La carga recae sobre nosotros para probar estos casos, y damos la bienvenida a esa carga — más allá de una duda razonable”, dijo Pirro a los reporteros el martes. “A veces un jurado lo acepta y a veces no. Así es. Así funciona el proceso”.
Gran cifra
Menos del 1% de las veces. Eso es lo que sugieren los datos históricos sobre cuán a menudo los grandes jurados rechazan las acusaciones. En 2016, el último año en que el Departamento de Justicia especificó públicamente sus razones para declinar presentar acusaciones, los datos federales muestran que de 155,615 delitos investigados por el gobierno, solo seis casos fueron desestimados porque los fiscales no lograron obtener una acusación. (Numerosos casos fueron desestimados por otras razones, como falta de evidencia o el caso fue transferido a otra jurisdicción). Las cifras fueron similares en años anteriores, con solo 19 de 163,005 delitos totales en 2015 desestimados debido a la negativa del gran jurado a procesar, junto con 14 de 170,161 delitos en 2014 y 5 de 196,969 en 2013.
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Desviación
Los jueces también han estado respondiendo en contra de los esfuerzos de la administración de Trump para aumentar los arrestos contra los residentes de Washington, informa The Washington Post, reprimiendo al gobierno por presentar casos que tradicionalmente no se habrían procesado en absoluto o que habrían sido manejados en tribunales locales, en lugar de tribunales federales. La jueza de instrucción Zia M. Faruqui ha condenado repetidamente a la administración de Trump en varios casos, según el Post, diciendo que la decisión de las fuerzas del orden de registrar la bolsa de un hombre—donde encontraron armas de fuego—fue “sin duda, el registro más ilegal que he visto en mi vida”. En otro caso, en el que agentes federales derribaron y detuvieron a un repartidor que salía de una cafetería, la jueza comentó: “Esto no es consistente con lo que entiendo que es Estados Unidos de América”.
Contexto clave
Trump envió tropas federales a Washington, D.C., a principios de este mes y tomó temporalmente el control del departamento de policía de la ciudad, como parte de una supuesta ofensiva contra el crimen en la ciudad dirigida por los demócratas—pese a que las estadísticas muestran que el crimen ya estaba en declive. La toma de control es la segunda incursión importante de Trump en ciudades de inclinación izquierdista, luego de su decisión de enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles a principios de este año en respuesta a las protestas contra su línea dura de inmigración. Trump ha desplegado miles de tropas en Washington, y otros gobernadores republicanos también han enviado sus propias fuerzas de la Guardia Nacional a la capital. Ha dicho que tiene la intención de continuar con la toma de control a largo plazo, sugiriendo que quiere que el Congreso extienda su control sobre la policía de la ciudad más allá del período de 30 días que la ley le permite.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US
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