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    El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha congelado 26 mil millones de dólares destinados a estados con tendencia demócrata, cumpliendo su amenaza de utilizar el cierre del gobierno para atacar las prioridades del Partido Demócrata.

    Los programas afectados incluyeron 18 mil millones de dólares para proyectos de transporte en Nueva York —sede de los dos principales demócratas del Congreso— y 8 mil millones de dólares para proyectos de energía verde en 16 estados gobernados por demócratas, entre ellos California e Illinois. Mientras tanto, el vicepresidente J. D. Vance advirtió que la administración podría extender su purga de trabajadores federales si el cierre se prolonga más de unos pocos días.

    Las medidas dejaron en claro que Trump cumpliría su amenaza de aprovechar el cierre del gobierno para castigar a sus oponentes políticos y extender su control sobre el presupuesto federal de 7 billones de dólares, establecido por la Constitución de Estados Unidos como dominio del Congreso.

    “Se podrían ahorrar miles de millones de dólares”, escribió en Truth Social el miércoles por la noche.

    El cierre del gobierno, el decimoquinto desde 1981, suspendió la investigación científica, la supervisión financiera, los esfuerzos de limpieza ambiental y una amplia gama de otras actividades. Se ordenó a unos 750 mil empleados federales que no trabajaran, mientras que otros, como las tropas y los agentes de la Patrulla Fronteriza, continuaron laborando sin paga.

    El Departamento de Asuntos de Veteranos afirmó que seguiría proporcionando entierros en cementerios nacionales, pero no erigiría lápidas ni cortaría el césped.

    Vance declaró, en una sesión informativa en la Casa Blanca, que la administración se vería obligada a recurrir a despidos si el cierre dura más de unos pocos días, sumándose a los 300 mil previstos para diciembre. Los cierres anteriores no habían resultado en despidos permanentes.

    La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos informó que despediría al 1% de sus 14 mil empleados, según Reuters.

    Senadores denuncian que el cierre es un chantaje

    Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, dijo que la congelación de fondos para proyectos de metro y puerto en su ciudad natal de Nueva York dejaría a miles de personas sin trabajo.

    El senador demócrata Chuck Schumer, también de Nueva York, acusó a Trump de atacar a los estadounidenses comunes con fines partidistas.

    “Está utilizando al pueblo estadounidense como peones, amenazando con infligir dolor al país como chantaje”, declaró Schumer.

    El senador republicano Thom Tillis expresó su preocupación de que la congelación de fondos para infraestructura en Nueva York pudiera dificultar que el Congreso logre poner fin al cierre.

    “Deben tener mucho cuidado con eso, porque podrían crear un ambiente tóxico”, advirtió Tillis. “Espero que estén trabajando con el líder, y este con ellos, para no generar más problemas y así sacarnos de esta situación”.

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    El líder republicano del Senado, John Thune, desestimó las preocupaciones de que el congelamiento del gasto equivaliera a una toma de rehenes. “Bueno, si votamos a favor de abrir el gobierno, ese problema desaparece, ¿no? Es bastante sencillo”, dijo en rueda de prensa.

    Jeffries aseguró que no ha tenido ningún contacto con la Casa Blanca desde una reunión con Trump a principios de semana.
    “No hemos tenido noticias de la Casa Blanca desde el lunes”, afirmó en una entrevista con CNN. “Claramente, querían cerrar el gobierno”.

    Día diferente, votación diferente, mismos resultados

    Mientras tanto, el Senado volvió a rechazar los esfuerzos por mantener al gobierno funcionando, ya que tanto una propuesta republicana que financiaría al gobierno hasta el 21 de noviembre como una iniciativa demócrata que combinaba la financiación con beneficios adicionales de salud fracasaron en las votaciones del pleno.

    Los republicanos de Trump tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, pero necesitan el apoyo de al menos siete de los demócratas de Schumer para alcanzar el umbral de 60 votos requerido para aprobar los proyectos de ley de gasto.

    En cuanto a la financiación gubernamental, están en juego 1.7 billones de dólares para las operaciones de las agencias, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte del gasto anual. Gran parte del resto se destina a programas de salud y jubilación, así como al pago de intereses de la creciente deuda, que asciende a 37.5 billones de dólares.

    Un grupo bipartidista de senadores se reunió durante la votación para tratar de encontrar una salida.
    “Quiero que un acuerdo sea un acuerdo, y me gustaría que los republicanos se comprometieran a colaborar con nosotros en materia de salud”, dijo el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, que representa a muchos trabajadores federales cerca de la capital del país.

    “Pero nunca he dicho que eso tenga que ser todo lo posible, porque podría ser complicado”.

    Los demócratas también buscan garantías de que Trump no podrá ignorar los proyectos de ley de gasto que promulgue, como ha hecho repetidamente desde que regresó al cargo.

    Ambos partidos se culpan mutuamente del cierre, buscando obtener ventaja antes de las elecciones intermedias de 2026, que determinarán el control del Congreso.

    Los demócratas sostienen que los republicanos son responsables de los trastornos, ya que controlan las principales palancas del poder en Washington. Por su parte, los republicanos afirman que los demócratas están cediendo a las presiones partidistas para oponerse a Trump, a pesar de haber respaldado proyectos de gasto similares en el pasado.

    También repitieron la falsa afirmación de que la propuesta demócrata ampliaría la cobertura médica a personas que se encuentran en el país sin autorización.

    Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, el plan demócrata solo restablecería la cobertura a ciertas categorías de inmigrantes que se encuentran legalmente en el país, como solicitantes de asilo y titulares de visas de trabajo.

    Varias agencias gubernamentales publicaron avisos en sus sitios web culpando a una supuesta “izquierda radical” por el cierre, una posible violación de la Ley Hatch, que busca aislar los servicios gubernamentales básicos de la política partidista.

    El cierre más largo en la historia de Estados Unidos, que se extendió por 35 días entre 2018 y 2019 durante el primer mandato de Trump, terminó en parte tras los retrasos en los vuelos ocasionados por controladores de tráfico aéreo que se reportaron enfermos.

    Con información de Reuters

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