El poder del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acceder en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales abre la puerta a una vigilancia masiva, y podría tener consecuencias graves para la privacidad, la ciberseguridad y el desarrollo digital de México, alertó Julio Vega, director general Asociación de Internet MX (AIMX).
“El texto aprobado (en Cámara de Diputados por Morena da poder para que) el SAT puede andar por las calles (Internet) y pedirle a cada ciudadano que le abra la puerta de su casa y lo deje entrar para que revise su casa, haciéndolo sólo para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”, expresó el empresario.
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“¿Cómo sabría el SAT que información revisar? Primero voltea la casa, revisa todo y determina qué le sirve, esto sin una orden judicial y sin una causa probable. ¿No es esto autoritario?”, dijo el dirigente empresarial en una carta enviada al Senado de la República para frenar el cambio.
Los diputados de Morena, y aliados PT y PVEM, hicieron modificaciones al Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación para que el SAT tenga acceso en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales.
El organismo empresarial rechazó la aprobación fast-track por parte de los diputados de Morena, PT y PVEM del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026.
“Con la aprobación México vive el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios, que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas”, comentó el representante empresarial.
Agregó que la aprobación del Artículo 30-B en la Cámara de Diputados se tomó pese a numerosas advertencias de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital, cuyas observaciones no fueron escuchadas plenamente en esta parte del proceso legislativo.
“En su redacción actual, el Artículo 30-B busca facultar al SAT para acceder, en tiempo real y de manera permanente, a bases de datos de las plataformas digitales que operan en México”, detalló Julio Vega.
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“Se argumenta que la medida busca mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita potencialmente un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones para la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales sin exigencia de orden judicial ni límites procesales claros”, explicó.
Manifestó que no existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida tan intrusiva como la aprobada por la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público hizo modificaciones al texto propuesto en la iniciativa original, pero no son suficientes para remediar los daños y riesgos, acotó el director general de la Asociación de Internet MX.
“Como representantes de la industria digital, hacemos un urgente y enérgico llamado a los Senadores y Senadoras de la República para rectificar la medida fiscal para evitar que México sea percibido globalmente como un país que legaliza la vigilancia masiva”, expuso.
Aprobar el Artículo 30-B en sus términos representaría un retroceso democrático, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad social, la innovación y la economía digital, mencionó.
“Tendría un efecto también nocivo para la recaudación, con lo que tampoco se cumpliría la meta del gobierno para allegarse más recursos”, agregó.
La Asociación de Internet MX dijo reconocer la legítima preocupación por combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, pero debe lograrse sin sacrificar los derechos fundamentales.
“Sí a la recaudación justa, no a la vigilancia indiscriminada”, señaló.
