Desde hace 31 años, grupos de desplazados por el conflicto en Chiapas en 1994 buscan ser resarcidos en el daño que sufrieron, ya que tuvieron que abandonar sus hogares, comunidades, rancherías y fincas, en la medida en que el EZLN iba avanzado.
Los pequeños propietarios se organizaron y presentaron las denuncias respectivas por despojo y solicitaron el apoyo de los distintos gobiernos para ser indemnizados, sin mucho éxito.
Tan solo en Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, la ocupación fue del rango de las 41 mil 937 hectáreas, afectando, cuando menos, a 441 familias.
Por el Palacio de Gobierno de Chipas han pasado, desde aquel enero, 10 gobernadores, con un promedio de permanencia en el cargo de tres años, producto, sobre todo, de la etapa inicial del conflicto, de las negociaciones para evitar un baño de sangre y de toda una agenda que, en no pocas ocasiones, significó el incumplimiento de acuerdos.
Pero, si para el EZLN y su impacto mediático las cosas nunca fueron sencillas, mucho menos para quienes quedaron en medio del conflicto.
Pasan las décadas y el asunto no acaba de resolverse para los desplazados por el zapatismo, a pesar de las diversas promesas que les han hecho.
Algunos tienen recursos para entablar litigios, y en eso andan, al grado de que es probable que la SCJN termine, algún día, por establecer si sus quejas son procedentes.
Otros, en cambio, como el grupo de Pequeños Propietarios Desplazados de 1994, integrado por 140 propietarios y que, bajo el liderazgo de Gustavo Martín Martínez Navarro, siguen buscando que se les haga justicia.
Son realistas y pragmáticos. Saben que sus tierras están ocupadas por el EZLN en Ocosingo y Altamirano, y entienden que la solución no es el retorno, ya que significaría añadir complejidad a la situación y alejar, todavía más, la posibilidad de la solución, que, para ellos, es la de recibir un recurso justo por las siete mil hectáreas que perdieron.
En 2006, por medio de engaños, funcionarios del Programa Conflictos Sociales en el Medio Rural, engañaron a 100 de los propietarios, algunos de los cuales no sabían leer ni escribir, y por eso los convencieron para aceptar un pago de 5 mil pesos por hectárea, cuando diversas estimaciones señalan que el valor es de 100 mil pesos. El objetivo era una treta burocrática para dar por indemnizados a los firmantes y por ello exigen que esos “acuerdos” sean considerados nulos.
Solicitan, de igual forma, que se aplique Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, promulgada desde 2012 en Chiapas.
En abril de 2022, la Cámara de Diputados realizó un exhorto para que el gobierno federal asumiera el compromiso de atender las demandas de los desplazados.
En junio de 2022, en Ocosingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado el gobernador Rutilio Escandón para que buscara una solución al problema. Escandón se comprometió en público, pero no movió ni un dedo en el sentido ofrecido.
Pero el grupo de los Pequeños Propietarios Desplazados del 94 no ceja en su empeño, y sigue buscando, no solo el ser escuchado, sino el obtener respuestas concretas a sus reclamos.
Sobre el autor:
Twitter: @jandradej
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!
