El presidente Donald Trump y su gente del Departamento de Estado y su Oficina del Control de Activos Extranjeros no dejan de presionar al gobierno mexicano en su lucha contra los criminales mexicanos y los empresarios que los ayudan ya sea en sus operaciones o blanqueando dinero.
Trump habla en serio cuando dice que irá con todo en su gobierno para quitarle recursos a los grupos, golpeándolos donde más les duele: en sus finanzas.
Con Marco Rubio como su ariete y coordinando la información proveniente de México con su embajador Ronald Johnson, Trump ejerce presión sobre la presidencia de México en la búsqueda de acestar ya no solo golpes a los grupos criminales, sino también cada día cercando a los políticos de dudosa reputación y con dudosas relaciones con “empresarios” locales.
Es de esa forma como Trump y su primer círculo ha ejercido presión durante todo este año, para demostrar que gobernadores como Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Miguel Ángel Navarro o Marina del Pilar Ávila, están relacionándose con grupos a los que ellos cada semana les cuelgan etiquetas de presuntos “narcoterroristas”.
En los últimos cuatro meses las baterías de la OFAC han dado luces sobresalientes en las relaciones de ésta última gobernadora, a quien comenzaron con quitarle la visa a ella y su esposo Carlos Torres, lo que derivó en el anuncio público de la mandataria de su divorcio en trámite.
El gobierno estatal de Baja California encabezado por ella continúa bajo el escrutinio público, al tener vínculos comerciales con un empresario que tiene nexos con personas y empresas sancionadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El 18 de septiembre de este año la OFAC, incorporó en su “lista negra” de empresas y personas ligadas al narcoterrorismo mexicano a 15 entidades y cinco individuos.
Dentro de esa lista se encuentra la empresa Alimentos y Diversión Insurgentes S. de R.L. de C.V., en la que figura como socio el empresario Jorge Arturo Rojas Navarro.
Uno de los nombres en el “ojo del huracán” es el del empresario tijuanense José Galicot Behar, quien desde 2019 está en la lista de proveedores del municipio de Mexicali y ha trabajado con el gobierno estatal.
Días después de que la OFAC sancionó a Alimentos y Diversiones Insurgentes, junto con la ex alcaldesa de Rosarito y actual diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, grupos empresariales protestaron que el gobierno de María del Pilar Ávila tuviera nexos comerciales con Galicot Behar, a quien acusaron de ser socio de Rojas Navarro.
José Galicot Behar inició una defensa en medios de comunicación negando que tuviera relación con la empresa Alimentos y Diversiones Insurgentes, pero reconoció que en el pasado tuvo una sociedad con Rojas Navarro.
Mediante un comunicado de Tijuana Innovadora, una organización no gubernamental en la que Galicot aparece como integrante del Consejo Directivo, el empresario reconoció que tuvo sociedades empresariales con Rojas Navarro, pero se deslindó de las denuncias del gobierno estadounidense.
En dicho comunicado se aseguró que los documentos que se toman como referencia en los medios de comunicación para acusarlo, están basados en “status desactualizados” de las sociedades empresariales.
Documentos en poder de XPECTROFM, demuestran que Galicot Behar y Rojas Navarro son socios comerciales en al menos otras dos empresas, ya que no se ubicaron actas de asamblea en donde se señale el término de la relación como accionista.
De acuerdo al Registro Público de Comercio, José Galicot Behar, Jorge Arturo Rojas Navarro y Antonio Martorrell Muñoz, son dueños de la empresa Kuk Track S.A. de C.V. desde septiembre del 2019.
José Galicot fue registrado con el 60% de las acciones y como administrador único, con las facultades para realizar pleitos, cobranzas, actos administrativos y actos de dominio.
Jorge Arturo Rojas Navarro tiene el 25% de las acciones y Antonio Martorell el 15%. Las facultades de ambos son en cuestiones administrativas y pleitos de cobranzas de manera mancomunada.
Otra de las empresas en las que aparecen como socios Galicot Behar y Rojas Navarro es Kuk Lab S.A. de C.V., en la que también son socios Alfonso Nezahualcóyotl Paredes Cervantes, Carlos Desiderio Carrasco Lara y Carlos Luis Rodríguez Guerrero.
Kuk Lab S.A. de C.V. también es señalada por el Departamento de Estado por lavar dinero y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de lavar dinero para grupos criminales.
La UIF ya tiene en revisión a Kuk Lab desde hace varios meses, por lo que sus accesos a la información están bloqueados por las autoridades mexicanas.
Las autoridades estadounidenses acusan Alimentos y Diversiones Insurgentes y Kuk Lab, de ser los vehículos corporativos que facilitaron el blanqueo de millones de dólares para beneficiar al grupo criminal de “La Mayiza”, dirigido por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.
A pesar de que José Galicot Behar negó nexos con las empresas sancionadas y los personajes involucrados, la realidad es que la documentación oficial revela otra cosa, pues no existen pruebas o registros de trámites para terminar con la sociedad con Rojas Navarro.
Las críticas y solicitud de explicaciones a la gobernadora María del Pilar Ávila, a quien el Gobierno Estadounidense le quitó la visa junto a su esposo, Carlos Torres, el pasado mes de mayo, se han incrementado al conocerse que sí existen tratos comerciales con las empresas de Galicot Behar.
Esto nos da una idea muy clara del por qué le fue retirada la visa a la gobernadora de Baja California y por qué busca la separación de su aún esposo, tratando de deslindarse lo más pronto posible de esa relación.
Las sanciones y alertas que está enviando el Homeland y la OFAc a Baja California seguramente se incrementarán en las últimas semanas del año.
Sobre el autor:
*Víctor Hugo Arteaga es ganador del Premio Nacional de Periodismo 2016 por el reportaje de investigación Las Empresas Fantasma de Javier Duarte, el exgobernador que se encuentra preso gracias a ese trabajo.
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