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    El sector patronal urgió a los gobiernos federal y estatales a que establezcan un plan inmediato de seguridad que incluya vigilancia efectiva en tramos carreteros de alto riesgo.

    La estrategia debe atender denuncias por extorsión, operación funcional de trámites indispensables para el transporte de carga y mecanismos de conciliación que involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas.

    “Ninguna solución será sostenible sin una estrategia conjunta que atienda de raíz los factores que originan estos conflictos”, expuso en un pronunciamiento la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sobre los bloqueos de transportistas y productores agrícolas.

    La organización mencionó pérdidas económicas por las interrupciones de los manifestantes en las vías de comunicación, pero no precisó cifras.

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    Informó que 33 de 55 ciudades y regiones integrantes de la confederación reportan afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas.

    Refirió en particular los casos de Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave.

    “Estas interrupciones ya generan retrasos, pérdidas económicas y riesgos para empresas y transportistas que dependen del flujo continuo de mercancías”, aseveró.

    Respaldó las demandas planteadas por transportistas y productores porque tienen que enfrentar diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que ponen en riesgo su integridad y su patrimonio.

    “Su llamado a contar con condiciones mínimas de seguridad para trabajar es legítimo y refleja una realidad que se ha normalizado a niveles inaceptables”, apuntó.

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    Subrayó que los reclamos requieren respuestas inmediatas y coordinadas por parte de las autoridades, y que la gravedad del fenómeno exige acciones que garanticen seguridad en carreteras, rutas de carga y puntos logísticos, evitando que la ciudadanía y la economía sigan siendo rehenes de la violencia.

    El organismo aseveró que la inseguridad en carreteras no solo afecta al transporte de carga, sino que además compromete la operación de cadenas productivas, incrementa costos logísticos, deteriora la competitividad regional y coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales.

    “Sin rutas seguras no hay abastecimiento confiable, y sin abastecimiento confiable se frenan la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico”, sostuvo.

    Afirmó que no hay instituciones financieras que realmente apoyen al campo, pues no existen créditos adecuados para sembrar ni instrumentos que permitan a los productores sostener su actividad frente al incremento de costos y la volatilidad del mercado.

    La Coparmex pidió la instalación de una mesa nacional de diálogo que genere compromisos claros, con plazos verificables, inversión suficiente, operación coordinada y criterios homogéneos que garanticen un entorno seguro para quienes trabajan en la producción agrícola, el transporte y la logística.

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